Crece la presión sobre Obama para investigar la guerra sucia

Pero esa posición, basada en la necesidad de centrarse en el presente y el futuro más que en el pasado, empieza a ceder ante la creciente presión que están creando las nuevas y problemáticas revelaciones. Obama tiene cuatro frentes abiertos que cada día se confirman como más difíciles de contener.

El más reciente se ha hecho ineludible en las últimas horas, cuando se ha desvelado que durante siete años, y por orden del exvicepresidente Dick Cheney, se mantuvo oculto a los líderes del Congreso un plan de la CIA enmarcado en la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el diario The Wall Street Journal desveló, gracias a fuentes anónimas de la actual Administración y la precedente, que la CIA llegó a invertir en planificación y hasta entrenamiento para acometer el polémico plan para capturar a miembros de Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre.

PLAN OCULTO Fue el actual director de la agencia de espionaje, Leon Panetta, quien informó a finales de junio al Congreso de ese plan y de su ocultación, llevando a líderes demócratas en las Cámaras, como a los senadores Dianne Feinstein y Richard Durbin, a hablar de "un gran problema", posiblemente "ilegal". No son esas las únicas revelaciones que están desequilibrando la agenda política de Obama, que consciente del peso del primer año de mandato ha intentado hasta ahora enfocar sus esfuerzos en la economía y la lucha contra la crisis, la energía y el clima, y la reforma del sistema de salud de EEUU (en este sentido, ayer mismo presentó a su inspectora general de Sanidad, Regina Benjamin).

En una entrevista con la CNN que se emitía anoche, Obama reconocía que ha encargado a sus servicios de seguridad nacional investigar las acusaciones que apuntan a que la administración de su predecesor miró hacia otro lado ante los posibles asesinatos de cientos de prisioneros talibanes en el 2001 por el general Abdul Rashid Dostum, que contaba con el apoyo de la CIA.

En la entrevista, Obama admite que esa matanza, de la que primero dio noticia ya en el 2002 la revista Newsweek , "no ha sido investigada adecuadamente". El giro al que se está viendo abocada la Administración de Obama se constata también en uno de los asuntos que más han dañado la reputación de EEUU en los últimos años: el uso de torturas --o, como los denominaba el anterior Gobierno, "técnicas de interrogatorio ampliadas"--. Pese a haberlas condenado abiertamente, Obama prefería hasta ahora contener la exposición pública de documentos clasificados relacionados con el escándalo. El razonamiento, el mismo que sostenía su apuesta por la mirada al presente y no al pasado, es que podía alimentarse un debate partidista en el Congreso, una controversia que podía dar combustible a los republicanos dispuestos a acusarle de poner en peligro la seguridad nacional. Incluso la oposición más moderada en este tema, encarnada en el senador John McCain, insiste en que una investigación no aportaría beneficios. "¿Cuál sería el resultado positivo de airear y ventilar detalles de lo que ya sabemos que ocurrió y nunca debería haber ocurrido?", se preguntó el rival de Obama en la campaña electoral.

Hasta ahora, el fiscal general, Eric Holder, se ha alineado con Obama y se ha mostrado reticente a iniciar investigaciones formales. Pero ahora parece que el máximo responsable de Justicia se inclina por nombrar a un fiscal especial para investigar el uso de torturas en la campaña antiterrorista. Es una posición incómoda para Holder, dividido entre la fidelidad al presidente, de cuyo equipo forma parte, y la responsabilidad de aplicar con neutralidad las leyes.

El cuarto frente abierto para Obama es el del espionaje a los propios ciudadanos estadounidenses, pues hace unos días se hizo público un informe de cinco inspectores generales sobre el programa de escuchas sin órdenes judiciales que llevó a cabo la Agencia de Seguridad Nacional, un documento que sacó a la luz varios programas de espionaje secretos durante los años de Bush en la Casa Blanca. La presión crece.