Erradicar la impunidad es la principal recomendación del esperado informe final de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), el organismo creado a iniciativa del rey Mohamed VI para arrojar luz sobre los crímenes de Estado cometidos en Marruecos durante el reinado de su padre, Hassan II (1961-1999).
Creada en enero del 2004, la IER recibió el encargo de investigar las violaciones de los derechos humanos, proponer medidas que las prevengan y resarcir a las víctimas y sus familias. Su mandato acabó el pasado día 30, después de aprobar indemnizaciones a 9.280 represaliados y localizar las tumbas de unas 600 víctimas.
De ellas, 322 murieron en las revueltas de 1965 y 1981 en Casablanca, la de 1984 en Marrakech y varias ciudades del norte del país, y la de 1990 en Fez. Las demás fallecieron en centros de detención o en cárceles. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), sin embargo, cifra los muertos en 3.000.
El informe sostiene la necesidad de cambios en la estructura del poder y propugna revisar las atribuciones "de todos los aparatos de seguridad y de información, sin excepción, y de las autoridades administrativas responsables del orden público".
