Tropas del ejército hondureño, afectas al jefe del Estado Mayor destituido por el presidente Zelaya, tomaron posiciones hoy en Tegucigalpa mientras el jefe del Estado sigue preparando un referéndum sobre una reforma constitucional que permita su reelección.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, insistió hoy en celebrar el domingo una consulta sobre una reforma de la Constitución que le abriría el camino a volver a ser candidato, pese a la negativa del Ejército a colaborar y a que los tribunales la han declarado ilegal.

Las Fuerzas Armadas desplegaron hoy a centenares de militares alrededor de edificios oficiales de la capital. La movilización de los militares en Tegucigalpa se centró sobre todo en edificios como el Aeropuerto Internacional de Toncontín, la sede del Parlamento, los alrededores de la Corte Suprema, la Casa Presidencial y algunos puentes de la ciudad, entre otros sitios.

La iniciativa que Zelaya viene promoviendo desde noviembre, ha suscitado una polarización entre seguidores y detractores del gobernante, que hoy acudió a un cuartel militar a recoger urnas y papeletas para la consulta del domingo.

Zelaya entró en la sede de la Fuerza Aérea junto a decenas de seguidores que gritaban consignas a favor de la consulta popular, criticando a la Corte Suprema y al Parlamento, que esta semana decidieron que la iniciativa del gobernante es ilegal.

La crisis política se agudizó el miércoles por la noche, cuando el presidente destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, por negarse a apoyar con la logística del Ejército el proyecto de la consulta de Zelaya. Poco después, también anunció que aceptaba la renuncia que le había presentado el ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana.

El general Vásquez dijo el mismo miércoles que no respaldó la iniciativa del presidente porque un tribunal de justicia la había declarado ilegal.

Zelaya, que se llevó de la Fuerza Aérea el material de la consulta popular, incluidas urnas y papeletas, también solicitó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para analizar la difícil situación política del país.

En el país se encuentra Raúl Arconada, el enviado por la OEA para encabezar un grupo de observación de ese organismo de la encuesta que promueve Zelaya, misión que ha sido rechazada tanto por el Parlamento hondureño como por algunos sectores sociales del país.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema también asestó hoy un golpe político a Zelaya, al dejar sin efecto la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en respuesta a dos recursos de amparo presentados por un abogado a título personal, en un caso, y por el Ministerio Público, en el otro.

El fiscal general del Estado, Luis Rubí, expresó que Zelaya también ha transgredido la ley al destituir al general Vásquez. Por su parte, la Sala de lo Constitucional señaló en una declaración que "la intención de inmiscuir a las Fuerzas Armadas en un acto administrativo de naturaleza meramente político, conduce a claras acciones que violentan la Carta Fundamental".

El mismo fallo señala que el despido del general "ha sido declarado ilegal por el órgano jurisdiccional del país, porque incurre en un incumplimiento de la ley", y que Vásquez "ha actuado apegado a derecho al no atender la instrucción jurídicamente improcedente".

Zelaya le respondió al poder judicial acusándolo de haber "creado un Estado militar y un Estado civil", al rechazar su decisión de destituir a Romeo Vásquez.

Mientras, muchos capitalinos inundaron los supermercados para abastecerse de comida ante el "temor a un golpe de Estado", según comentaron varios de ellos.

Zelaya, quien cumple su mandato presidencial el 27 de enero de 2010, anunció el miércoles, después de destituir al general Vásquez, que hoy recibiría a "sectores del país que quieran acompañarnos" y al pueblo para tomar decisiones en pro del desarrollo y de la democracia hondureña".

El presidente del opositor Partido Nacional, Ricardo Álvarez, al igual que otros sectores sociales, hicieron hoy un llamamiento a Zelaya y a las demás autoridades del país a mantener la calma y buscar solución a la crisis mediante el diálogo.

Zelaya ha reiterado que no pretende el continuismo en el cargo, algo lo que no permite la actual carta magna, pero tampoco ha descartado presentarse de nuevo como candidato mediante la reforma constitucional que promueve, para lo que, según sus adversarios, está recibiendo apoyo de Venezuela, Cuba y Nicaragua.