El gobernador de Punyab, la provincia más importante y poblada de Pakistán, fue asesinado ayer a tiros en pleno corazón de Islamabad, la capital del país, escenario en las horas previas de una frenética actividad para intentar salvar un Gobierno en minoría. El crimen, cometido por un guardaespaldas del mandatario, blanco del islamismo radical por su oposición a la ley antiblasfemia, sumió al país en la confusión y amenaza con acrecentar la inestabilidad en Pakistán.

El magnicidio tuvo lugar tras días de protestas y agitación política en un periodo en que EEUU está presionando a Pakistán para lograr una mayor cooperación en la guerra de Afganistán y contra los talibanes. Salman Tasir se hallaba cerca de su vehículo, aparcado en el céntrico mercado de Kohsar, rodeado de cafeterías y restaurantes, cuando uno de sus escoltas disparó contra él y lo mató en el acto. Recibió hasta nueve disparos, en un acto considerado como el peor magnicidio en Pakistán desde el asesinato de la exprimera ministra Benazir Bhutto, a finales del 2007.

CONDENA El actual primer ministro, Yusuf Razá Guilani, condenó el atentado, pidió calma a la población para evitar una escalada de violencia y decretó tres días de luto nacional. Pese a ello, decenas de militantes del Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) en el poder, donde Tasir ocupaba un lugar preeminente, quemaron neumáticos y cortaron algunas calles en Lahore.

El titular de Interior, Rehman Malik, confirmó que el presunto asesino, de 26 años, detenido e identificado como Malik Mumtaz Hussain Qadri, pertenece a las fuerzas de seguridad punyabís. "Durante la investigación, determinaremos si el asesinato fue una decisión personal o alguien lo instigó", declaró Malik.

HOMBRE DE NEGOCIOS Salman Tasir, empresario y propietario de un canal de televisión y un periódico editado en inglés, se había involucrado personalmente en el debate para abolir o limitar la ley antiblasfemia. También destacó por su apoyo a la campesina cristiana Asia Bibi, condenada a muerte bajo esta norma.

La polémica ley, introducida en los años 80 bajo la dictadura de Mohammad Zia ul-Haq para promover los preceptos islámicos en la sociedad, fija la pena de muerte para los condenados por insultar al islam.