De izquierda y derecha le arrecian las críticas a Barack Obama por su decisión de hacer públicos los informes que el Departamento de Justicia redactó para justificar, desde un punto de vista legal, la tortura y el tratamiento degradante y cruel al que EEUU sometió a los capturados en la guerra contra el terrorismo entre el 2002 y el 2006.
Los defensores de la anterior Administración de George Bush acusan al presidente de dañar la seguridad nacional. Por su parte, los grupos de derechos humanos consideran intolerable que se haya decidido no procesar a los que llevaron a cabo las polémicas torturas. Los informes son un compendio de argumentos jurídicos con los que los expertos legales de la Administración de Bush argumentaron que diversas actuaciones por parte de las autoridades no constituyen tortura contra los presos.
