Representantes de 28 países se comprometieron a desarrollar políticas conjuntas para limitar la contaminación en la Antártida en el marco de la reunión anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP) que concluye hoy en Buenos Aires.

La reunión del COMNAP comenzó el pasado domingo con la participación de delegados de 26 países miembros consultivos del Tratado Antártico, como Estados Unidos, Japón, España o Argentina, y de representantes de Canadá y República Checa, dos de los países adheridos al convenio.

Los agentes internacionales se comprometieron a habilitar áreas protegidas en la Antártida a las que solo puedan acceder científicos con el objetivo de preservar el ecosistema y de frenar conductas negligentes por parte de turistas independientes, explicó a Efe Mariano Mémolli, delegado argentino en el evento y titular de la Dirección del Antártico de Argentina.

"No queremos limitar la presencia de turistas en la Antártida pero sí vigilar mejor sus actividades para que respeten las normas ambientales", dijo Mémolli, quien calculó que unos 40.000 viajeros pasan anualmente por el continente blanco.

La atención de los países del Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961, está puesta en el incremento de personas que viajan a la Antártida en buques turísticos que no forman parte de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos a la Antártida (IAATO).

PREOCUPACIÓN POR LA CONTAMINACIÓN DE LOS TURISTAS Y LOS ESCAPES DE COMBUSTIBLE

Según Mémolli, la mayoría de estos turistas independientes, que se desplazan por su cuenta en buques pequeños, no respetan las normas ambientales y de seguridad de la Antártida, como las que prohíben el acceso a zonas protegidas de animales.

Los expertos también se mostraron preocupados por los derrames de combustible que pueden ocasionar los buques turísticos, como ocurrió en 2007 con el naufragio del crucero Explorer, que pertenecía al IAATO y llevaba unos 185.000 litros de diesel marino cuando naufragó cerca de las islas Shetland del Sur.

Reino Unido, España, Estados Unidos, Rusia, Australia, Argentina y Brasil son algunos de los 28 miembros consultivos del Tratado Antártico, un convenio que regula aspectos sobre la libertad de investigación, defensa medioambiental, no nuclearización y no militarización de la Antártida.