La igualdad de oportunidades será la prioridad del Gobierno francés el año próximo. La ola de violencia en los suburbios puso de manifiesto la existencia de una crisis propiciada por el desempleo, la pobreza y la discriminación que sufre la población del extrarradio, la mayoría franceses de origen magrebí y subsahariano. El Ejecutivo está dispuesto a remediarlo, y una de las medidas que pondrá en marcha será multar a quienes realicen prácticas discriminatorias.

Para luchar contra el paro juvenil y el fracaso escolar, el primer ministro, Dominique de Villepin, anunció la puesta en marcha del llamado "aprendizaje junior", que permitirá a los jóvenes de 14 años optar por la formación profesional y acceder al mercado laboral a los 15. Una medida criticada por la oposición de izquierdas y los sindicatos, que ven en la reforma la desaparición de la educación obligatoria hasta los 16 años.

LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO Además, las familias deberán implicarse en la lucha contra el absentismo escolar a través de un "contrato de responsabilidad parental", explicó Villepin. El Gobierno, a través de un asistente social, ofrecerá a los padres de alumnos problemáticos la posibilidad de firmar este contrato, en el que se comprometen, entre otras cosas, a que sus hijos asistan asiduamente a clase y a que consigan unos determinados resultados escolares. Aquellos que se nieguen a firmar el contrato podrían ver embargadas sus ayudas sociales o incluso ser multados. También perderán los subsidios si no cumplen con los objetivos propuestos.

La Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad (Halde) podrá multar con 25.000 euros a las empresas y con 5.000 a las personas que procedan de forma discriminatoria. Villepin anunció que se realizarán controles aleatorios en empresas o inmobiliarias para comprobar si realizan prácticas discriminatorias.