La Procuraduría General de la República acusa a Andrés Manuel López Obrador de no acatar una orden judicial. Un juez le había ordenado la suspensión de una obra en El Encino, un cerro polvoriento en la zona urbanizable más cara de la capital. La alcaldía pretendía atravesar el terreno para construir una carretera hacia un hospital. La parte acusadora alega que la orden de paralización no se cumplió. López Obrador responde que el caso tiene una motivación puramente política y decidió erigirse en su propio abogado. Sólo si es hallado culpable en el juicio perdería el derecho a ser elegido presidente.
