La administración Trump está cada vez más lejos de cumplir la promesa de campaña de «limpiar la ciénaga» de Washington. El pasado martes, Mick Mulvaney, jefe de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca de Donald Trump, admitió que los congresistas hablan con lobistas si dan dinero, y si no, no. Las palabras de Mulvaney son especialmente impactantes porque también dirige la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés), uno de los pocos órganos creados en el 2011, tras la última gran crisis, para tratar de proteger al ciudadano de los excesos y abusos de Wall Street.

Trump lo designó para el cargo, aunque con carácter temporal, en noviembre y desde entonces Mulvaney solo ha tomado medidas que debilitan la oficina. Se han frenado, por ejemplo, nuevas investigaciones y se han reducido algunas en marcha. Mulvaney anunció el martes a los banqueros que pretende también restringir el acceso público a la base de datos de quejas presentadas por los ciudadanos. Y está intentando también que la financiación de la oficina deje de depender de la Reserva Federal, lo que daría más influencia a los congresistas (y con ello a los lobistas) para influir. Los continuos escándalos amenazan la estabilidad del Gobierno.