La cúpula militar de Estados Unidos sigue esquivando las acusaciones formales por las torturas en la prisión de Abú Graib. Sin embargo, dos informes sobre el escándalo atribuyen por primera vez al Pentágono responsabilidad en los abusos e incluyen críticas al mando militar y a las políticas de Washington. Uno de esos informes, además, ha concretado algunas acusaciones sobre la brutalidad de los militares estadounidenses en la cárcel de Bagdad y ha identificado abusos a adolescentes, actos de sadomasoquismo y la existencia de prisioneros fantasma , detenidos de los que no se informó a organizaciones humanitarias.
El informe más concreto sobre los abusos es el resultado de una investigación interna encabezada por el general George Fay, un documento que probablemente se presentará hoy y que ayer avanzó The Washington Post . Según fuentes del Pentágono, la investigación ha comprobado que policías militares, como parte de una competición, usaron perros para hacer que jóvenes de sólo 15 años se orinaran encima.
El documento explica también que soldados del espionaje militar mantuvieron a detenidos sin registrarlos como tales y ocultándoselos a organizaciones humanitarias como la Cruz Roja --un extremo que las autoridades estadounidenses habían negado hasta ahora--. Además, se identifica al menos un caso en el que un hombre fue sodomizado por los guardianes.
Si hasta ahora sólo había siete soldados rasos formalmente acusados por los abusos, el informe de Fay ampliará ese número con más de una docena de nombres. Sin embargo, éstos serán también soldados de bajo rango, subcontratados civiles y personal médico. Aunque se critica a los líderes militares en la prisión y a los máximos mandos del Ejército en Irak, no se recomiendan acciones de castigo. El caso más chocante es el del general Ricardo Sánchez, al que el informe Fay atribuye fallos de liderazgo y un fracaso para solucionar los problemas de la prisión pero contra el que no se recomienda ninguna acción.
PRIMERA ACUSACION El otro informe, presentado ayer, lo ha realizado a petición del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, un grupo independiente encabezado por uno de sus predecesores en el cargo, James Schlesinger. Aunque no implica a altos mandos del Ejército, el documento es el primero que vincula los abusos de Abú Graib con las políticas establecidas por altos mandos en Washington.
El informe Schelsinger acusa implícitamente a Rumsfeld por no supervisar suficientemente las políticas de interrogatorios que se aplicaron no sólo en Abú Graib sino también en el resto de Irak, en Afganistán y en Guantánamo (Cuba). El general Sánchez vuelve a aparecer en este documento por delegar la supervisión de la prisión. Asimismo, se cita críticamente a la Junta de Jefes del Estado Mayor por no reorganizar los recursos para ayudar a los mandos de la superpoblada cárcel bagdadí.
