Tras meses de arduos debates, el Senado de EEUU se disponía anoche a aprobar los cambios más drásticos de las leyes de inmigración en dos décadas para regularizar la situación de casi 12 millones de inmigrantes sin papeles e impedir que sigan llegando más. El proyecto de ley, que tenía el respaldo del presidente republicano, George Bush, y de buena parte de su partido, contaba con la oposición de los republicanos más conservadores, que lo consideraron el equivalente a una "amnistía" para los millones de indocumentados de la nación.
"Este proyecto de ley no asegura nuestras fronteras", criticó el senador republicano David Vitter. Sus ataques reflejaron el malestar de los círculos conservadores, que aspiran a una ley que impida a los sin papeles acceder a la ciudadanía, y convierta en un delito su presencia en EEUU. Estos son los puntos fuertes del proyecto paralelo aprobado en diciembre por la Cámara de Representantes, que además contempla la construcción de un muro de 1.150 kilómetros a lo largo de la frontera con México, el principal coladero de inmigrantes en Estados Unidos.
La disparidad de los dos proyectos, que deberán ser refundidos en uno antes de entrar en vigor, auguran una dura batalla entre republicanos y demócratas, que se producirá a la sombra de las legislativas de noviembre.
COMPROMISO El Partido Republicano teme perder en estos comicios la mayoría que disfruta en ambas cámaras del Congreso. Por ello, ante la enorme trascendencia que tiene entre el electorado la reforma de las leyes de inmigración, el sector más moderado ha tratado de llegar a un compromiso con los demócratas para que se apruebe la ley.
Los hispanos, a los que afecta directamente la reforma, quieren una nueva ley que les permita regularizar la situación de millones de sin papeles , que el mes pasado protagonizaron multitudinarias manifestaciones.
