La justicia estadounidense ha denegado la petición formulada por España para que fueran interrogados los soldados imputados en la muerte del cámara de televisión José Couso en Bagdad, el 8 de abril del 2003.
Según fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha notificado a las partes presentes en este proceso la negativa de ese país a permitir que el juez tomara declaración al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp, de la tercera división de Infantería acorazada del ejército estadounidense.
Las mismas fuentes han explicado que las autoridades judiciales de EEUU rechazan la jurisdicción española e insisten en la versión del Ejército de ese país, que justifica que el proyectil que impactó contra Couso fue en respuesta al fuego enemigo.
Para la defensa de la familia, la contestación de la justicia estadounidense supone un incumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal y justifica la decisión adoptada por el juez, el pasado mes de octubre, de emitir una orden de busca y captura internacional contra los tres soldados para su extradición a España.
Querella de familiares
En noviembre del 2005, el juez Pedraz admitió a trámite la querella que varios familiares del cámara de televisión interpusieron en mayo del 2003 contra los tres militares estadounidenses, aunque ya había librado las órdenes de detención y practicado varias diligencias, lo que fue criticado por la fiscalía de la Audiencia Nacional que recurrió estas decisiones. Los firmantes de la querella son la madre de Couso, María Isabel Permuy, y sus hermanos Javier, David y Bárbara.
Couso, que trabajaba para la cadena de televisión española Telecinco, y el camarógrafo ucraniano Taras Protsyuk, que trabajaba para la agencia Reuters, murieron tras recibir el impacto de un proyectil lanzado por un tanque estadounidense mientras filmaban desde el hotel Palestina, en Bagdad.
