Seis años y ocho meses después de que el presidente de EEUU, George Bush, proclamara una "emergencia extraordinaria" y abriera la puerta a las controvertidas comisiones militares para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo, ayer arrancó en la base de Guantánamo, en Cuba, el primero de esos juicios, también el primero por crímenes de guerra que EEUU lleva a cabo desde la segunda guerra mundial. El acusado, Salim Ahmed Hamdán, un yemení que trabajó como chófer y mecánico para Osama bin Laden, se declaró a través de su abogado inocente de los cargos de conspiración y apoyo material al terrorismo que podrían suponerle una condena a cadena perpetua.

Así, se puso en marcha un proceso que se ha enredado en un laberinto legal y político, que organismos y gobiernos internacionales cuestionan y que el mundo entero sigue con expectación. El juicio, que se puede prolongar tres o cuatro semanas, se desarrolla entre importantes medidas de seguridad en un tribunal dentro de la propia base. Allí, en una pequeña habitación sin ventanas, empezó el interrogatorio de los 13 militares estadounidenses llegados desde varias partes del mundo que podrían formar parte del jurado.

Al menos cinco deberán ser elegidos y necesitarán una mayoría de dos tercios para alcanzar cualquier condena. Serán ellos también quienes, en caso de encontrar a Hamdán culpable, dictarán la sentencia.

Si es declarado culpable, el Pentágono revisará inmediatamente la condena y se apelará ante otro tribunal militar. Los abogados de Hamdán podrán recurrir entonces ante un tribunal federal. Y, aunque fuera declarado inocente, es dudoso que fuera puesto en libertad pues se le considera combatiente enemigo.