El caso McChrystal llega en un momento extremadamente delicado para la estrategia de Barack Obama en Afganistán. La violencia va en aumento (junio fue el mes con más víctimas de la OTAN desde que empezó el conflicto, del que pronto retirarán sus tropas Canadá y Holanda), cae el apoyo de ciudadanos y políticos de EEUU a la estrategia y hay dudas crecientes sobre su efectividad y sobre si será posible iniciar la retirada en julio del 2011. Para colmo, el lunes el Congreso publicó un demoledor informe que denuncia que EEUU financia con millones de euros a señores de la guerra, oficiales corruptos y talibanes.

El Departamento de Defensa tiene firmado un contrato de casi 1.800 millones con contratistas locales que se encargan del transporte del 70% de los alimentos, el equipamiento, el combustible y las municiones para las tropas. El problema es que, según el informe, hay toda una red de extorsión a la que tienen que pagar esos contratistas para garantizar la seguridad de los convoyes. El Pentágono ha reaccionado "con indiferencia y sin tomar medidas" ante las denuncias.

A diferencia de Irak, en Afganistán se contratan sobre todo empresas locales para el transporte y la seguridad, algo que el general McChrystal ha alabado como promoción del espíritu emprendedor de los afganos.