Estados Unidos reanudó hoy la aplicación de la pena de muerte, tras una moratoria de siete meses, con la ejecución en Georgia de un hombre que hace casi 20 años secuestró y asesinó a su pareja. William Earl Lynd, de 53 años, fue ejecutado con una inyección letal, después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso presentado por sus abogados y el Supremo de Georgia negara un aplazamiento para dar tiempo al análisis de nuevas pruebas forenses, según sus abogados. "La muerte de Lynd fue constatada a las 19:51 hora local (23:51 GMT)", dijo a Efe un portavoz del penal de Jackson, donde se llevó a cabo el castigo.

El gobernador de Georgia, Sonny Perdue, declinó intervenir en favor del condenado tras manifestar que el Supremo había tomado una decisión correcta al autorizar el método de la inyección letal. El lunes, la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra del estado había rechazado una solicitud de clemencia en la carrera contra el tiempo lanzada por los abogados para impedir o retrasar la ejecución. Lynd fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de su pareja, Ginger Moore, tras consumir ambos Valium, marihuana y alcohol.

Durante el juicio, los fiscales señalaron que la mujer murió lentamente y que recuperó el conocimiento en dos ocasiones tras recibir varios balazos en la cabeza. Lynd enterró el cadáver de Moore en una fosa en el condado de Tift y se fue a Ohio, donde mató a balazos a otra mujer con la misma arma con la que había matado a Moore. William Earl Lynd fue detenido el 31 de diciembre de 1988 y devuelto a Georgia. Al presentar una apelación en Georgia, los abogados de Lynd afirmaron que su condena en el condado de Berrien se obtuvo sobre la base del testimonio defectuoso de un médico forense que condujo la autopsia de Moore.

La última ejecución en EEUU se realizó en Texas el 25 de septiembre del año pasado, el mismo día en que el Tribunal Supremo accedió a considerar los casos de dos condenados a muerte en Kentucky que aseguraron que la inyección letal era un castigo cruel e inhumano y, por lo tanto, anticonstitucional. El Supremo rechazó ese argumento, con lo que abrió una vez más la puerta al uso de la inyección letal como método para aplicar el castigo.

Con la de Lynd son ya 1.100 las ejecuciones realizadas en EEUU desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte, en 1976.

El castigo se aplica en 37 de los 50 estados del país y el método es la inyección letal en todos, menos en Nebraska que utiliza la silla eléctrica. La inyección letal consiste en la administración de tres sustancias: pentotal sólido, que es un anestésico para que el condenado pierda el conocimiento; bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos excepto el corazón, y cloruro de potasio, que detiene el funcionamiento cardíaco y causa la muerte.

La aplicación de la pena de muerte se ha reducido progresivamente en EEUU pese a que todavía es aprobada por la mayoría de la población, según las últimas encuestas.

Sin embargo, la aplicación del castigo ha sido criticada por organismos de defensa de los derechos humanos, que afirman que se aplica más a los negros que a los blancos y especialmente en los estados del sur del país.

Señalan que muchos de las ejecuciones se han realizado tras fallos procesales y que, en muchos casos, a la mayoría de los condenados se han asignado abogados de oficio sin competencia penal. Detractores del castigo se congregaron frente al Centro de Rehabilitación Penal en Jackson para protestar por la ejecución.

El año pasado, antes de entrar en virtual moratoria en septiembre, se realizaron 42 ejecuciones, el menor número desde 1994, cuando fueron ejecutados 31 convictos. El año más inclemente en la aplicación del castigo fue 1996, cuando se aplicó a 317 condenados. Actualmente hay 3.263 personas condenadas a muerte en EEUU y, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), la próxima ejecución se realizará el próximo 27 de mayo en el Virginia.