La participación de un médico y una enfermera en la ejecución de Willie Brown, llevada a cabo ayer en Raleigh (Carolina del Norte), reavivó el debate sobre el uso de la inyección letal en EEUU, ya que desafió la prohibición de las asociaciones médicas de que el personal sanitario contribuya a las ejecuciones. Ambos supervisaron el funcionamiento de un monitor cerebral, aplicado por primera vez a un condenado a muerte, para certificar que estaba completamente dormido antes de su ejecución y que, por tanto, no sufriría.

"No se necesitó sedación adicional antes de que se le administraran las drogas letales", dijo el portavoz de la prisión, Keith Acree, una vez que Brown fue declarado muerto, a las 2.11 horas de la madrugada (10.11 horas de la mañana en España). El reo, que tenía 61 años y era negro, fue condenado a la pena capital por el asesinato de la empleada de una tienda en 1983. Sus sucesivas peticiones de clemencia habían sido rechazadas, como sus intentos de retrasar la ejecución esgrimiendo el dolor "cruel e inhumano" que podría causarle la inyección letal, prohibido por la Constitución.

SUSPENSION EN DOS ESTADOS El pasado febrero, los estados de California y Florida suspendieron ejecuciones por inyección letal al no hallar médicos que certificaran la ausencia de dolor en los reos de muerte, supervisando su sedación total antes de recibir las drogas paralizadoras que acaban con su vida. En Carolina del Norte, el juez federal Malcolm Howard exigió también que el estado certificase que Brown no iba a despertarse durante su ajusticiamiento, pero permitió que se llevase a cabo cuando las autoridades adquirieron un monitor cerebral y aseguraron que un médico y una enfermera lo supervisarían.

El aparato, denominado bispectral index (BIS), cuesta 5.400 dólares (4.158 euros) y mide las ondas cerebrales por medio de un sensor colocado sobre la frente, que se aplicó ayer a Brown. Además, se le colocaron también monitores para medir el funcionamiento del corazón y vías intravenosas en los brazos. La participación del médico y la enfermera en la ejecución, requerida por las leyes del estado de Carolina del Norte, se limitó a la supervisión del BIS, pero incluso este hecho es rechazado por la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Enfermeras y la Sociedad Médica de Carolina del Norte, entre otras.

"Utilizar tecnología médica para matar gente es un camino ético peligroso, y es difícil decir dónde terminará", declaró el cirujano Jonathan Groner, de la Universidad Estatal de Ohio, además de arremeter contra la presencia de médicos en ejecuciones porque "es la corrupción de la medicina, del juramento hipocrático de no hacer daño".

IDENTIDAD EN SECRETO Esta es la postura generalizada de los profesionales de la salud en EEUU, por lo que la identidad del médico y la enfermera que contribuyeron a ejecutar a Brown no se hizo pública. "Es necesario mantenerla confidencial para prevenir que los médicos que participan en ejecuciones sean sometidos a escarnio o a intimidación", llegó a declarar el juez Howard.

El Consejo Médico de Carolina del Norte estudiará el mes próximo el castigo que puede aplicarse a los médicos que participen en ejecuciones. "Si hay una ley estatal que dice que un médico tiene que estar presente, y si el Consejo Médico dice que hacerlo es antiético, entonces van a tener que detener las ejecuciones, al menos hasta que se cambien las normas", opinó el doctor Arthur Finn, uno de los facultativos opuestos a la pena, que exigió sanciones para los colegas que participen en ejecuciones.