En plena recta final de la campaña para las presidenciales colombianas, el Gobierno de Alvaro Uribe --candidato a la reelección-- ha sufrido un duro golpe. Diez policías que llevaban a cabo una misión especial cerca de Cali, en el suroeste de Colombia, murieron el pasado lunes víctimas de un comando del Ejército en el más grave incidente de fuego amigo en la historia reciente del país. Al parecer, los agentes fueron tiroteados y atacados con granadas. En el incidente también falleció un civil.

"Los agentes de policía estaban en una operación encubierta antidrogas y habían salido de Bogotá", explicó el general Jorge Castro, director de la Policía. Los detalles de la misión eran prácticamente un secreto y ahí pudo radicar parte del problema, aunque también se habla de falta de coordinación entre el Ejército y la policía. Reconocidos narcotraficantes han construido sus casas en la zona del incidente.

El comandante del Ejército, general Mario Montoya, declaró que los soldados no llevaban a cabo ninguna operación ofensiva y que actuaron al detectar movimientos extraños.

POSIBLE SECUESTRO Extraoficialmente se dice que los uniformados llevaban 24 horas desplegados, ya que tenían información de que la guerrilla de las FARC preparaba un secuestro en esta zona.

Ayer a mediodía los hechos eran muy confusos. El presidente, Alvaro Uribe, ordenó la creación de una comisión especial que empezó a investigar ayer mismo. Uribe tildó el incidente de "muy grave", y el vicepresidente, Francisco Santos, de "inadmisible". Santos pidió al Ejército asumir la responsabilidad.

"Que la comisión proceda rápidamente y que le cuente al país la verdad de lo sucedido. No vamos a tener ahí un segundo Guaitarilla", declaró Uribe. El mandatario se refería a un incidente registrado en el 2004 en Guaitarilla, en la provincia de Nariño, en el que murieron siete policías y cuatro civiles.

El incidente ha tenido lugar a menos de una semana de que el país celebre unas elecciones presidenciales en las que Uribe parte como claro favorito para prolongar cuatro años más su mandato. Las últimas encuestas otorgan al mandatario el 57% de la intención de voto, un porcentaje que, de cumplirse, haría innecesaria la segunda vuelta.