El jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Luis Trigo, avisó ayer a los responsables de las recientes tomas de edificios del Estado y gasoductos --los detonantes de los incidentes que han causado 15 muertes, la mayoría campesinos simpatizantes de Evo Morales--, que no va a "tolerar más las acciones de grupos radicales, violentos".

Los últimos hechos protagonizados por los grupos más duros del autonomismo "solo están llevando al enfrentamiento entre bolivianos y atentando contra la seguridad nacional", añadió el general. El mensaje fue implícitamente dirigido a los sectores que en Santa Cruz y las otras regiones autonomistas esperan que parte del Ejército termine apoyando sus demandas contra el poder de Morales.

Trigo aseguró que Bolivia rechazará las "intromisiones externas de cualquier índole, vengan de dónde vengan". Y todos pensaron en el venezolano Hugo Chávez. En la noche del jueves, cuando lo único que se esperaba era un llamamiento a la negociación entre el Gobierno y las regiones autonomistas, Chávez aseguró que, si Evo Morales fuera "derrocado" o lo "mataran", le estarían, a él, "dando luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia".

PALABRAS ESCOGIDAS Las Fuerzas Armadas de Bolivia "no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pisen territorio nacional", leyó Trigo en un comunicado, para que se notara que las palabras habían sido cuidadosamente escogidas. La presencia en el país de militares venezolanos, relacionados con la protección de Morales, disgusta a los bolivianos.

El Gobierno decretó ayer luto nacional y convocó a sus adversarios a sentarse otra vez a conversar. El prefecto de la región de Tarija, Mario Cossio, era esperado en La Paz para verse con Morales. "Proponemos al presidente que nos demos la última oportunidad", le había pedido el jueves. A Cossio le toca representar a los departamentos autonomistas (Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija).

La Unión de Naciones Suramericanas "deploró" ayer la ola de violencia y abogó por "generar condiciones" para llegar a una "solución compartida" de la crisis. Fue la presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien habló en nombre de la región. Argentina y Brasil ya habían condenado de forma explícita las acciones de los autonomistas.