La Embajada española en Bolivia alertó de la "operación confiscatoria" de las autoridades bolivianas sobre las petroleras e informó al Gobierno sobre la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos antes del triunfo del partido indigenista Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en diciembre pasado.
Un informe de la oficina económica y comercial española en La Paz señalaba, el 27 de septiembre pasado, que el "régimen impositivo" y las "regalías encubiertas" a las que iban a ser sometidas las petroleras supondrían un reparto del 85% de la explotación de los hidrocar-buros para el Estado y un 15% para las compañías extractoras.
ESTATALIZACION ANUNCIADA El informe analizaba la nueva ley de hidrocarburos aprobada por las autoridades bolivianas y avisaba de que el Estado se disponía a recuperar "la propiedad de los yacimientos en boca de pozo", que serían administrados por la compañía estatal boliviana YPFB. También indicaba que las autoridades bolivianas iban a "fiscalizar a las petroleras" y cobrar "los impuestos previstos en la ley".
Con esas medidas, añadía, el Gobierno boliviano quería incrementar un 106% los ingresos del Estado.
La petrolera hispano-argentina Repsol YPF, la inglesa British Petroleum y la francesa Total encabezaron la petición de una negociación "amistosa" sobre los puntos de la ley más negativos para sus intereses y, si no, recurrirían al arbitraje del Banco Mundial.
