Lo primero fue una tos; áspera, seca, molesta. No tardaron en empezar a aparecer síntomas más preocupantes: capacidad pulmonar reducida, asma, sarcoidosis... Pese a todo, durante ocho años y medio, decenas de miles de policías, bomberos, trabajadores de emergencia, voluntarios y empleados de la construcción que tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 llenaron de vida y trabajo el mayor escenario de muerte y destrucción de Nueva York, la zona cero, han topado con muros: primero del olvido, luego del desprecio.

Pese a la acumulación de pruebas médicas, han sido cuestionados por sus denuncias de que todo lo que respiraron durante días y meses, en lo que los científicos han calificado como el peor desastre medioambiental de la historia de la ciudad, estaba pasando factura a su salud. Ahora, finalmente, han logrado que las autoridades les den la razón y, con ello, una compensación económica.

El juez Alvin Hellerstein, magistrado del tribunal de distrito sur de Nueva York, estudiaba ayer un acuerdo alcanzado entre los abogados de los 90 demandados (desde la ciudad hasta el propietario de las Torres Gemelas y compañías privadas) y los letrados que representan, en una demanda conjunta, a 10.000 de los trabajadores. El pacto, que establece una compensación de 491 millones de euros, se ha logrado tras dos años de negociaciones y debe ser aprobado tanto por el magistrado como por al menos el 95% de los demandantes.

CAUTELA No es casual que, tras tantas dilaciones, los abogados que representan a los 90 acusados hayan acabado cediendo. El juez Hellerstein había fijado hace ya meses la primavera de este año como fecha de inicio de los primeros juicios, y los 12 primeros casos iban a llegar a los tribunales en mayo. Por ahora, esos procesos quedan paralizados. No obstante, los demandantes disponen de 90 días para estudiar el pacto y decidir si lo aceptan. Caso de no hacerlo, podrían reanudar sus acciones legales.

Aunque algunos de los afectados han recibido la noticia con cautela, el sentimiento que se extendió desde que se alcanzó el acuerdo el jueves era el de que se empieza a hacer justicia. Y desde el alcalde, Michael Bloomberg, hasta uno de los abogados de los demandantes, Marc Bern, coincidieron en tildar el acuerdo de "justo y razonable" (palabras del primer edil) y "bueno", palabra usada por el letrado, que se quedará con una tercera parte de lo que reciban sus clientes.

El juez, además, se ha comprometido a revisar en "vistas de justicia" cómo se aplican las compensaciones, pues reconoce que aunque muchos de los casos son similares, en muchos aspectos son individuales. El acuerdo establece un sistema de análisis en el que se estudiará caso a caso. Primero, la validez de la reclamación; después, se determinará si se le considera susceptible para recibir la ayuda y, por último, se establecerá la cuantía. Esta irá desde los 2.325 euros para los casos más leves y con menos exposición a los elementos tóxicos, hasta más de 700.000 euros para los más graves.

El dinero no saldrá de las arcas públicas municipales, sino de las federales. Y es que, ante la negativa de las aseguradoras privadas tras los atentados de cubrir a la ciudad, Washington destinó 800.000 millones de la Agencia Federal de Ayuda de Emergencia a crear un fondo para potenciales compensaciones. 145 millones ya se han gastado en abogados. Otros 17 millones se guardan para futuras reclamaciones, por casos de cáncer que puedan aparecer.