Javier García, sevillano de 31 años, y Lúa García, madrileña de 20, están de buen humor. Cantan el estribillo de Al alba mientras dan los últimos retoques de pintura a una casa palestina reconstruida a las afueras de Jerusalén Este con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). Junto a una treintena de voluntarios, la mayoría españoles pero también israelís y palestinos, levantan una de las cientos de casas que Israel destruye en los territorios ocupados.

Cada año Israel derriba una media de 360 viviendas ilegales palestinas: 80 en Jerusalén Este y 280 en Cisjordania. La orden definitiva llega por sorpresa. Sus dueños tienen apenas 20 minutos para sacar sus pertenencias antes de que la casa sea demolida con explosivos o excavadoras. La mayoría lo pierde todo. Israel esgrime que esas viviendas se construyeron sin licencia y que concede el 80% de los permisos solicitados. No miente, pero tampoco dice toda la verdad. Según Amnistía Internacional, la mayoría de los palestinos construyen sin permisos porque les resulta "muy difícil, y a menudo imposible, obtener licencias".

FRENO AL CRECIMIENTO El caso de Selim Sauamre, empleado de una oenegé, sirve de ejemplo. "Pedí los permisos en tres ocasiones. Solo en papeleo y abogados me gasté 10.000 euros. Tras cuatro años de espera, me dijeron que no podía construir porque el terreno está en pendiente", relata con amargura. Para el coordinador del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD), Meir Margalit, se busca frenar el crecimiento de la población palestina, sobre todo en Jerusalén. "Los políticos israelís están aterrados porque en el 2020 los palestinos podrían ser mayoría y elegir al alcalde".

Para evitarlo, añade, Israel echa mano de tres estrategias: destruye casas y limita los permisos para edificar, revoca la residencia a los palestinos que viven temporalmente fuera de Jerusalén y emplea el trazado del muro para excluir de la ciudad al máximo número de árabes, unos 50.000 hasta ahora.

En este contexto se enmarca la ayuda española --con una inversión de unos 50.000 euros-- a la casa reconstruida en Anata. La modesta casa ya está lista y su dueño, Nader Alayam, padre de dos hijos, ha recuperado la sonrisa. Hasta que vuelva a ser demolida, huirá del hacinamiento en casa de sus padres: 200 metros cuadrados para 45 personas.

Pero no todo el mundo está contento. La oenegé israelí NGO Monitor acusa al Gobierno español de financiar a "una oenegé antiisraelí". Uribarri tiene la conciencia tranquila: "El ICAHD es de absoluta solvencia. Está financiado por la Comisión Europea y países de la UE".

AL FATA AMENAZA A HAMAS Mientras, un día después de que 11 personas murieran en los peores enfrentamientos del último año entre Hamás y Al Fatá en Gaza, la formación del presidente Abbás anunció que trabajará para ilegalizar a Hamás como partido político integrado en la Autoridad Nacional Palestina. Uno de sus portavoces pidió también un boicot mundial a Hamás, algo que ya ocurre por iniciativa de Israel y EEUU.