El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero teme que el decreto italiano que convierte la inmigración ilegal en delito desvíe a los ciudadanos sin papeles a "otros países", entre ellos España, y considera que una medida semejante se tendría que haber decidido en el seno de la Unión Europea (UE). El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, se lo dijo ayer a Andrea Ronchi, el ministro italiano de Política Comunitaria, que hizo una visita relámpago a Madrid el día siguiente de la aprobación de las medidas.
"Italia tiene una emergencia de seguridad y Europa debe entenderlo", declaró Ronchi. López Garrido repitió una y otra vez que el Gobierno español "respeta" las medidas italianas, aunque no las considera "proporcionadas" ya que no son "la mejor vía" para hacer frente a la inmigración irregular. Garrido aseguró que la decisión de Italia no es comparable a cuando, en el 2005, España regularizó a 600.000 sin papeles, proceso que varios gobiernos consideraron que alimentó el efecto llamada.
