La prisión de Guantánamo sigue abierta y funcionando y, aunque la última decisión del Tribunal Supremo de reconocer a los detenidos el derecho de hábeas corpus puede alterar definitivamente su existencia, la Administración de George Bush se resiste a aceptar el descalabro. Lo ha demostrado el propio Bush, que tras mostrarse "decepcionado" por la resolución, está estudiando volver a cambiar la ley, como ya hizo ante las dos decisiones similares anteriores del alto tribunal. Y lo ratificó ayer el fiscal general, Michael Mukasey, que anunció que, aunque los presos tengan derecho ahora a recurrir contra su detención ante la justicia ordinaria y se augure un aluvión de esos recursos, los juicios en comisiones militares "seguirán su curso".
La filosofía de Mukasey es que el Supremo ha cuestionado el procedimiento establecido por el Congreso y el presidente para calificar a los detenidos como "combatientes enemigos" y restringir sus derechos a la justicia militar, pero no los juicios en comisiones militares en sí mismos. Diecinueve de esos juicios están pendientes y, de momento, se celebrarán como estaba previsto, según el anuncio que Mukasey realizó ayer en Tokio.
Su determinación, sin embargo, es cuestionada por la nueva realidad que abrió el jueves el Supremo. Un total de 200 de los 270 detenidos de Guantánamo habían presentado recursos contra sus detenciones ante la justicia civil. Esos casos no podían prosperar porque el Gobierno les había negado el acceso a los tribunales ordinarios. Ahora han recobrado ese derecho. Y ayer mismo, el juez que preside el Tribunal Federal de Distrito en Washington DC llamó a una reunión a los magistrados que probablemente tendrán que decidir sobre esos 200 casos.
De todos modos, el futuro de Guantánamo es incierto. Hasta el secretario de Defensa, Robert Gates, aboga por cerrar la base, pero no hay alternativas.
