El Gobierno italiano anunció ayer que recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo para los derechos humanos de Estrasburgo que considera la presencia de los crucifijos en las escuelas como "una violación de la libertad de los padres de educar a los hijos según sus convicciones y de la libertad religiosa de los alumnos".

La sentencia emitida por los siete jueces del tribunal del Consejo de Europa (47 países) ha sido calificada por varios líderes de la mayoría conservadora como "locura", "error dramático", "ofensa a la tradición", "pésimo precedente" y "fracaso político de la UE".

El tribunal de Estrasburgo se ha pronunciado a partir de un recurso presentado por Soile Lautsi, ciudadana finlandesa nacionalizada italiana, que recorrió a la justicia internacional tras agotar todas las instancias nacionales. En 1992, Lautsi, miembro de una organización de ateos y agnósticos, había pedido a una escuela de la región Véneto (Venecia), a la que asistían sus hijos, que quitasen el crucifijo del aula.

La ministra de Educación, María Stella Gelmini, subrayó que "la presencia del crucifijo no significa adhesión al catolicismo, sino que es un símbolo de la tradición". Pierluigi Bersani, nuevo líder de los progresistas (PD), comentó a su vez que "el sentido común acaba siendo víctima del derecho".

El Vaticano, que expresó su "estupor y pesar", trasladó su malestar a la Conferencia Episcopal Italiana, que en una nota calificó la sentencia como "parcial e ideológica", reconociendo que la cruz "no es solo un símbolo religioso sino también cultural".

La sentencia es "histórica" para los sindicatos de base, que consideran que "el crucifijo en el aula viola la libertad de los padres y los de la religión", mientras que Forza Nuova (FN), formación de extrema derecha, anunció :"Aún rozando la ilegalidad, defenderemos el crucifijo en las escuelas" y "si alguien quiere quitarlo, topará contra un muro humano".

En España también hubo reacciones, el portavoz del PP en el Comisión de Educación del Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, pidió que "no se resucite la guerra de los crucifijos" y añadió: "No nos parece mal que en un centro público, si no molesta a nadie, haya un crucifijo, como tampoco nos parece mal que esa comunidad educativa decida que no esté". Las patronales de enseñanza FERE y CECE, por su parte, consideraron la sentencia "inadmisible y sorprendente", informa Europa Press.