El Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución en la que lamenta las inhabilitaciones de políticos venezolanos, que Caracas había calificado de antemano de "manipulación" contra el Gobierno de Hugo Chávez.
El documento fue aprobado finalmente por 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, con menos del 10 por ciento de los 785 eurodiputados que integran la cámara presente en el hemiciclo, dado que la votación se celebró al cierre de la sesión plenaria, cuando muchos parlamentarios ya habían abandonado Estrasburgo (noreste de Francia).
El texto, presentado por el grupo conservador del Partido Popular Europeo (PPE) con el apoyo de los liberales y los soberanistas de la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), denuncia la supuesta utilización por parte del Ejecutivo venezolano de las inhabilitaciones para dificultar la presencia de opositores en los comicios locales y regionales del próximo 23 de noviembre.
La resolución también condena el asesinato del líder estudiantil del partido Copei Julio Soto y exige a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen".
En ese sentido, pide al Gobierno de Hugo Chávez que "ponga fin a estas prácticas y que promueva una democracia más global en Venezuela en pleno respeto con los principios consagrados en la Constitución de 1999".
La ponente de la resolución, la liberal rumana Renate Weber, indicó ante el pleno que en Venezuela ocurren "accidentes muy sospechosos con el resultado de muerte de personas críticas, que no se investigan adecuadamente".
En cambio, el eurodiputado portugués de Izquierda Unitaria Pablo Guerreiro tachó el documento de "operación de injerencia del Parlamento Europeo" en un intento de "desestabilización del Estado venezolano", puesto que se refiere a unas "decisiones que únicamente competen al pueblo soberano".
Además, la resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión "arbitraria" del director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez".
A juicio de los eurodiputados, estos hechos son sólo los últimos en una larga cadena de actos llevados a cabo por el Gobierno para "intimidar la voz de la oposición, los disidentes y los observadores internacionales en el país".
Por su parte, el Gobierno de Caracas considera que esas inhabilitaciones se debieron a "irregularidades cometidas en la administración de fondos públicos" y se encuentran dentro del "marco de la Constitución y las leyes de Venezuela, así como de los acuerdos internacionales suscritos por el país y en pleno respeto al debido proceso y derecho a la defensa".
En palabras del responsable de Negocios de la Embajada de Venezuela ante la Unión Europea (UE), Antonio García, el documento aprobado hoy "ataca" al Gobierno de Chávez e "incide en favor de la oposición" en las próximas elecciones.
Según García, el texto es "absurdo y está plagado de mentiras y manipulaciones", puesto que el procedimiento de las inhabilitaciones figura en la legislación nacional desde 1975 y ha sido respaldado posteriormente por todos los grupos políticos como una muestra del "compromiso contra la corrupción".
La resolución aprobada hoy supone la segunda ocasión en la que la Eurocámara condena acciones del Gobierno de Chávez, después de la adoptada en mayo de 2007 contra el cierre de Radio Caracas Televisión.
