Las posiciones, diametralmente opuestas, sobre la expulsión de gitanos desencadenaron ayer una escalada de tensión entre el Parlamento Europeo y París. Francia desafió a la Cámara de Estrasburgo al negarse a acatar la resolución votada ayer que reclama al Gobierno de Nicolas Sarkozy que "suspenda inmediatamente" las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros.
La resolución --no vinculante--, impulsada por los grupos socialista, liberal, verde y de la izquierda unitaria, fue aprobada por 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones, entre carteles en defensa de los derechos humanos y la visible incomodidad de los diputados franceses. La condena de la Euro- cámara constituye no solo un duro revés político para Sarkozy, sino también para el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. La resolución critica a la Comisión por su "tardía y limitada reacción" ante esa violación de derecho comunitario.
La alianza de la izquierda y los liberales hizo naufragar las maniobras del grupo popular para evitar toda crítica a Francia y a la Comisión, presidida y dominada por los conservadores. La resolución promovida por el grupo popular y los conservadores euroescépticos fue rechazada por 328 votos en contra, 287 a favor y 20 abstenciones.
RECURSOS El fallido texto de los conservadores enfatizaba las obligaciones de los ciudadanos europeos que se desplazan fuera de su país de disponer de suficientes recursos económicos y la potestad del gobierno del país de acogida para restringirla por motivos de seguridad pública.
La Eurocámara, por el contrario, subrayó en la resolución aprobada que la Unión Europea (UE) está basada en una serie de valores, derechos y principios que prohíben toda forma de discriminación. Por ello, la Euro- cámara expresó su "profunda preocupación" por las medidas adoptadas por Francia y reclamó la firme intervención de la Comisión y del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
La imposición por parte de las autoridades de limitaciones a la libertad de circulación y residencia por razones de orden público, seguridad o salud pública "solo podrán basarse en la conducta personal del interesado y no en consideraciones generales de prevención, ni en el origen étnico o nacional", señala el texto.
Las eventuales decisiones de expulsión solo pueden adoptarse "de forma individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias personales, con las debidas garantías procesales y asegurando la posibilidad de recurso", añade el texto. Las expulsiones masivas están prohibidas por la Carta de Derechos Fundamentales y constituyen una violación del derecho comunitario, recordaron los eurodiputados.
