La Unión Europea (UE) acudirá a la cuarta cumbre con Latinoamérica, que empezará hoy en la ciudad de Viena, con una oferta muy escasa para los países de la región, en momentos en que Estados Unidos multiplica los acuerdos individuales de libre comercio con los países de la zona. Más allá de la reiteración de los habituales compromisos de respaldo político, económico y social, la única medida concreta prevista en la cumbre es la decisión de la UE de anunciar la apertura de negociaciones con los países de América Central para la firma de un acuerdo de libre comercio.

HIDROCARBUROS La reunión, además, estará centrada políticamente en la reciente decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar el sector de los hidrocarburos, aunque la cuestión no figure oficialmente en la agenda de la cumbre.

Los países europeos quieren aprovechar la reunión para enfatizar la necesidad de que se garantice el respeto a la "seguridad jurídica" de los inversores extranjeros frente a las decisiones gubernamentales.

La división de los propios países latinoamericanos y los pobres resultados de sus políticas socioeconómicas no facilitan su capacidad de negociación con la UE desde una posición firme. La decisión de Venezuela de abandonar la Comunidad Andina (como represalia por la decisión de Colombia, Ecuador y Perú de establecer acuerdos comerciales con Estados Unidos) ha aplazado la posibilidad de que el grupo andino empiece a negociar su deseado acuerdo comercial con la Unión Europea.

Las negociaciones con el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) están empantanadas desde hace años, especialmente por la cuestión agrícola, y no se prevé ningún avance en las mismas durante la cumbre ante la firme defensa de Brasil de sus intereses económicos.

México y Chile, dos países que tienen acuerdos comerciales con la UE, son los que acuden con una posición más cómoda a la cumbre.

UNA REUNION ALTERNATIVA Como respuesta a la cumbre oficial, las organizaciones altermundistas llevarán a cabo una cumbre alternativa. En ella han anunciado su participación los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Venezuela, Hugo Chávez. Esta cita alternativa pretende juzgar a las grandes empresas europeas que han invertido en Latinoamérica, como las españolas Repsol, Telefónica, Aguas de Barcelona, Unión Fenosa y Calvo, por los efectos negativos que su manera de operar ha tenido sobre la precarización del empleo, la expoliación de los recursos naturales y el encarecimiento de los servicios públicos.

En la misma línea crítica, Amnistía Internacional reprochó ayer a los dirigentes europeos su escasa presión sobre los gobernantes latinoamericanos ante la avalancha de asesinatos de defensores de los derechos humanos que se producen cada año en el continente.