A los británicos les esperan tiempos difíciles. Ganen laboristas o conservadores en las elecciones de la próxima primavera, los servicios públicos sufrirán fuertes recortes. La enorme deuda acumulada desde que empezó la crisis económica obliga, independientemente del color del Gobierno, a reducir presupuestos. La enseñanza, la sanidad, las pensiones y la defensa, pueden verse afectados.
Ni Gordon Brown, ni su más que posible sucesor, el tory David Cameron, se hacen ilusiones. Uno u otro, deberá sacar la tijera y pedir sacrificios a la nación. Aunque no a todos. Isabel II y el resto de la familia real británica seguirán manteniendo el nivel de gasto como hasta ahora. Lejos de apretarse el cinturón, los Windsor reclaman un aumento de la asignación presupuestaria para sufragar "el incremento de los gastos", según indicaron el pasado junio los portavoces reales, cuando presentaron el balance público de las cuentas. El aumento se pide pese a existir, según indicaba ayer el diario The Guardian , un superávit de 23,1 millones de euros en las arcas de la Corona.
La asignación de la familia real se revisa cada 10 años. El próximo julio se hará de nuevo y el Parlamento no podrá reducir los 7,9 millones de libras anuales (8,7 millones de euros) que la realeza recibe. Aquel acuerdo fue firmado por el conservador John Major, cuando era ministro de Finanzas en 1990. El pacto preveía una inflación anual del 7,5%, en los siguientes 10 años. Al decidir la nueva asignación, en el 2000, el entonces primer ministro, Tony Blair, decidió congelar los pagos en 7,9 millones.
