Rachida conoció la sentencia de su marido, Mohamed Majjaoui, en un bus de camino a Casablanca. Majjaoui llevaba en prisión preventiva desde el pasado mayo del 2017, cuando las autoridades le arrestaron por participar en las protestas del Movimiento Popular del Rif, también llamado Hirak, que el año pasado sacudieron el norte de Marruecos. Ahora, Majjaoui ha sido sentenciado por el Tribunal de Apelación de Casablanca a cinco años de prisión, condenado por cargos como socavar la seguridad interna del Estado, actuar contra la unidad territorial del reino y organizar protestas no autorizadas.

Como cada miércoles durante el último año, Rachida viaja junto a los familiares de otros presos del Hirak desde la ciudad de Alhucemas, donde se produjeron las protestas, hasta la prisión de Oukacha, en Casablanca, para visitar a los encarcelados. Pero esta vez es diferente, sabe que es posible que a partir de ahora deba hacer este mismo trayecto durante los próximos cinco años. «El camino no quiere acabar», explica por teléfono a este diario la mujer de 47 años desde el autobús. Otros lo tendrán que hacer durante 20 años, como Ahmed y Zoulikha, los padres del líder del Hirak, Nasser Zefzafi.

Majjaoui es maestro de enseñanza primaria. Llevaba diez años viviendo en España cuando aprobó unas oposiciones en Marruecos y regresó para trabajar en una escuela de la localidad de Ketama, a 100 kilómetros de Alhucemas. «Le pregunté por qué no se quedaba en España mejor, pero me dijo que él quería trabajar en su país, en su tierra». En su casa de Alhucemas, un cuadro de Majjaoui que preside el pequeño salón. Lo detuvieron la madrugada de un sábado, con el pijama puesto, cuenta Rachida. «Yo me enteré la última. Me llamó un compañero suyo y me dijo que lo habían arrestado. Me quedé paralizada. Me dijo que habían llegado más de 40 agentes de policía: unos con uniforme, otros de civiles, otros con pasamontañas, y se lo habían llevado».

Los indignados del Hirak pedían una universidad para la región, proyectos que generen empleo o un hospital oncológico. Muchos rifeños padecen cáncer, una consecuencia de los ataques con armas químicas por parte de España durante la guerra del Rif en los años 20. Pero sus demandas les han salido caras. «Hay mucha gente sufriendo», cuenta Rachida. La mujer trabaja como funcionaria, pero en otras familias el salario de los presos era la única fuente de ingresos, por lo que muchos no solo han perdido a sus seres queridos, sino también su principal sustento económico. Los familiares también han tenido que hacer frente a la fuerte represión policial, que durante el último año ha frenado cualquier amago de nuevas protestas con detenciones continuas. También han tenido que acostumbrarse a estar vigilados y a vivir amenazados. Rachida cuenta cómo las autoridades quisieron que su marido firmara un documento declarándose culpable de los cargos de los que se le acusa. «Se negó. Entonces le dieron una foto mía y de nuestras hijas y le dijeron que si no lo firmaba nos violarían a las tres».