El Estado italiano, a través del servicio secreto (ROS) de los Carabineros, negoció con Cosa Nostra, la Mafia de Sicilia, en 1992. La intención era tratar de entender qué querían los mafiosos, que habían empezado a poner bombas en todo el país en una estrategia de chantaje al Estado. Eran tiempos de cambio en Italia, después de que los sumarios anticorrupción de Manos Limpias pusieran fin a la Democracia Cristiana (DC), algunos de cuyos miembros habían sido miembros del crimen organizado en Sicilia. Por parte de los mafiosos, la negociación se concretaba en 12 puntos de una lista, cuyo original, al parecer, llegó a los magistrados de Palermo.

La noticia, que llevaba varios días coleando con filtraciones en los diarios, fue confirmada el domingo por la noche por Pietro Grasso, fiscal nacional antimafia. También por Massimo Ciancimino, interrogado ayer en Palermo. Ciancimino es el hijo de Vito Ciancimino, difunto alcalde de Palermo y mediador entre la política y Cosa Nostra. En aquel 1992 habían sido asesinados el democristiano Salvo Lima (marzo), considerado la cabeza de Cosa Nostra, y los magistrados Giovanni Falcone (mayo) y Paolo Borsellino (julio), y la Mafia siciliana había puesto bombas en Milán, Florencia y la basílica romana de San Juan de Letrán. Los analistas se preguntan quién autorizó la negociación, toda vez que los ministros de la época niegan saber nada.

Según Grasso, la masacre de Falcone y su escolta funcionó como chantaje para abrir la negociación y la de Borsellino, para volver a ponerla en marcha. "La negociación salvó la vida a muchos políticos", ha subrayado Grasso, citando a los democristianos Giulio Andreotti, Mannino Calogero y Carlo Vizzini y al socialista Carlo Martelli.

"Si ha habido una negociación, que se abran los cajones y salgan los nombres de los políticos que gestionaron los contactos", ha reclamado el exmagistrado Antonio Di Pietro.