La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, recomendó hoy la extradición a Perú del ex presidente Alberto Fujimori.
Según el informe, que no es vinculante para el juez del caso, Orlando Álvarez, el ex mandatario peruano (1990-2000) debe responder ante la Justicia de su país por dos casos de violaciones a los derechos humanos y por varios delitos de corrupción.
El abogado del Estado peruano, Alfredo Etcheberry, explicó a los periodistas que la fiscal desglosó las acusaciones formuladas en la demanda enviada por la Justicia peruana y recomendó que se conceda la extradición por dos casos de violaciones a los derechos humanos y por varios delitos de corrupción.
Los casos de derechos humanos por los que se recomienda la extradición son las matanzas de Barrios Altos (1991) y la Universidad de La Cantuta (1992), cometidas por el grupo "Colina", que dirigía Vladimiro Montesinos, asesor de seguridad de Fujimori.
Entre los cargos de corrupción figuran delitos de espionaje telefónico, usurpación de funciones y peculado, dijo Etcheberry.
Añadió que la fiscal rechazó la petición con respecto a otras acusaciones relacionadas con delitos de asociación ilícita para acciones de espionaje telefónico.
El documento de la fiscal, que fue entregado al secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, será enviado al juez Álvarez.
Dicho informe será una referencia para el fallo de primera instancia que deberá pronunciar Álvarez, sentencia que, por tanto, puede ser apelada.
El magistrado tiene un plazo de cinco días para notificar a las partes de que inicia el período de redacción de la resolución que decidirá sobre la demanda de extradición de Fujimori presentada por el Estado peruano.
Según el sistema procesal chileno, Álvarez puede demorar hasta dos o tres meses en emitir su dictamen, pero en definitiva el caso será resuelto por la Corte Suprema, que deberá celebrar audiencias con alegatos de las partes y cuyo veredicto es inapelable.
El proceso de extradición se inició en enero de 2006 después que Fujimori llegara a Chile en noviembre de 2005.
Tras permanecer seis meses detenido, obtuvo la libertad provisional, aunque permanece con orden de arraigo, lo que le impide salir de Chile.
