La fiscal de un tribunal de Milán pidió ayer ocho años de cárcel y la inhabilitación permanente para ejercer un cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de coacción a jueces. En un duro alegato, la fiscal Ilda Bocassini consideró que existen pruebas que demuestran que Berlusconi pagaba a través de su hólding Fininvest a dos jueces para que favorecieran los intereses de su grupo.
En su petición, la fiscal subrayó la gravedad del delito, al afirmar que "la corrupción de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democrático". Bocassini solicitó una condena por "corrupción simple" y pidió la pena máxima prevista. Instó además al tribunal a no tener en cuenta circunstancias atenuantes debido al comportamiento del procesado, que nunca ha comparecido ante el tribunal. El veredicto se dará a conocer el 3 de diciembre, informa France Presse.
La fiscal considera probados pagos desde Fininvest a los jueces Renato Squillante y Filippo Verde.
Desde que empezó el proceso, el primer ministro hizo saber que no dimitirá aunque sea condenado y que agotará todos los recursos.
