La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ultimaba anoche la presentación de una querella por malversación de fondos públicos en el llamado caso del 3%. La querella, que probablemente se formalizará hoy, afecta a militantes de CDC, que eran altos cargos de Adigsa, empresa de la Generalitat dedicada a la rehabilitación y promoción de vivienda social, implicados en la presunta trama de cobro de comisiones irregulares entre el 2002 y el 2004.
La fiscalía se dirige también contra el intermediario Josep Maria Penín; su cuñado, Jorge Honrubia, y el constructor que denunció las irregularidades, Antonio Salguero.
Tras 10 meses de investigación, el fiscal jefe del TSJC, José María Mena, ordenó a los dos fiscales del caso la presentación de la querella. Una vez formalizada, irá a reparto entre los juzgados ordinarios de Barcelona, ya que en la misma no figurará ninguna persona aforada.
LA FRASE DE MARAGALL La fiscalía tomó cartas en el asunto el pasado 25 de febrero, al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzara durante el pleno del Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Carmel una velada acusación contra CiU: "Ustedes tienen un problema, que se llama 3%". La insinuación fue inmediatamente captada por el líder de CiU, Artur Mas, quien amenazó a Maragall con romper la negociación del Estatuto si no retiraba sus palabras, cosa que hizo minutos después.
Fuentes judiciales aseguraron a este diario que la querella afectará principalmente a Penín, acusado de exigir una comisión del 20% a las empresas que recibían encargos de rehabilitación de viviendas sin adjudicación. Algunos testigos han declarado que Penín, pariente lejano del exconsejero y actual portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Felip Puig, les dijo que el dinero era para financiar a CiU. Sin embargo, la fiscalía no ha incluido a Puig en la querella.
Sí constarán como imputados dos hombres de la máxima confianza de Puig en Adigsa. Se trata de Josep Anton Fondevila, militante de CDC y consejero delegado entre el 2003 y el 2004, etapa en la que se concentra la investigación, y de Jordi Huguet, jefe del Area Técnica. Fondevila está acusado de autorizar pagos a constructores sin proceso de adjudicación. A Huguet se le involucra porque por sus manos pasaron la mayor parte de las obras.
El hombre clave sigue siendo Penín, quien tenía los contactos con los empresarios supuestamente extorsionados y la antigua dirección de Adigsa. Penín será acusado de alterar al alza los precios en al menos 129 adjudicaciones entre mayo y noviembre del 2003.
En su comparecencia ante la fiscalía el pasado octubre, Penín desvió la responsabilidad hacía los dos altos cargos de Adigsa, y precisó que en esas fechas él sólo era un colaborador externo que buscaba pisos para rehabilitar a cambio de una comisión. Penín se presentaba ante los empresarios con un documento extendido por Fondevila.
Fuentes de la investigación aseguran que hay indicios de que Penín amañó adjudicaciones y que utilizó empresas pantalla para desviar el dinero.
