La fiscalía federal de Brasil pidió ayer el cierre del aeropuerto Congonhas de Sao Paulo, mientras el Gobierno nacional hacía malabarismos para no pagar el coste político de una tragedia que puede superar los 200 muertos y cuyas causas son explicadas de formas tan encontradas que, en pleno duelo, hacen temer un final de las investigaciones sin responsabilidades penales.

Los bomberos han rescatado 184 cadáveres, casi todos los pasajeros y tripulantes del Airbus A320 de TAM que se estrelló contra un edificio tras un desgraciado aterrizaje. Ayer quedaban más de 20 cuerpos sepultados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuaba ayer en silencio. Por la mañana, se reunió con su gabinete de crisis. El ministro de Defensa, Waldir Pires, no fue invitado, indicio de que puede convertirse en el chivo expiatorio. "Inmovilizado, incompetente y confuso, el Gobierno de Lula no hizo nada para garantizar la seguridad de un aeropuerto colapsado y bajo control militar", aseguró el diario Folha de Sao Paulo en un editorial.

La oposición de centroderecha también apuntó contra el mandatario. Entre los pasajeros del vuelo de TAM estaba Julio Redecker, un joven diputado federal del Partido de la Socialdemocracia (PSDB) a quien se le auguraba una exitosa carrera política.

El pasado 3 de abril, Redecker pidió al Gobierno que restituyera la credibilidad del sistema de control del tráfico aéreo. De lo contrario, advirtió, "hay riesgo de nuevas víctimas". La Federación Internacional de Controladores Aéreos (IFATCA) acusó a las autoridades brasileñas de "ignorar las normas de seguridad internacionalmente reconocidas".

"La pista estaba lisa como un jabón", insisten los aviadores. "No había tanta agua como para patinar", señala el ente estatal aeroportuario Infraero. "Fue un error del piloto: las imágenes del aterrizaje muestran humo en una turbina. La nave aterrizó a una velocidad superior a la norma", agregó.