Montones de escombros a conservar como posible prueba de un supuesto delito. Esta es la orden que en los próximos días emitirá la fiscalía de LIAquila para depurar las responsabilidades de quienes autorizaron y construyeron los edificios hundidos por el terremoto del pasado día 6, que hasta ayer había causado 293 muertos.

Hoy debería ser el último día de excavaciones para encontrar a los cadáveres que faltan en las listas, según anunció esta semana el Ministerio del Interior, a pesar de que ayer se vivieron horas de excitación por señales acústicas captadas por una sonda debajo de un edificio de pisos en ruinas. Hasta la noche se seguía excavando en el lugar, aunque los bomberos advirtieron que podría tratarse de "cualquier cosa", desde un aparato que aún funciona con su batería hasta una cañería rota.

SUPLICAS "¡No os olvidéis de nosotros!", es la súplica más repetida en estas horas por los 40.000 desahuciados de sus casas, que viven acampados o en unos 200 hoteles de la costa del mar Adriático. Temen que, una vez celebrados los funerales por las víctimas y resuelta la primera emergencia, les suceda como en el pasado ha ocurrido en casi todos los demás terremotos. Porque el 30% de quienes perdieron sus casas en el seísmo de 1980 en las regiones sureñas de Irpinia y Basilicata moran todavía en viviendas prefabricadas y contenedores adaptados.

A la incautación de escombros que decidirá la Fiscalía se añade la prevención contra la llegada en la zona afectada por el seísmo, de unos 600 kilómetros cuadrados, de las mafias, que se estarían preparando a participar en el multimillonario negocio de la reconstrucción. "Desgraciadamente, la experiencia nos enseña que este (las mafias) es un aspecto que debemos verificar, analizando a fondo todas las empresas que participarán en las contratas públicas, sin esperar que se cometan otros delitos", declaró ayer Alfredo Rossini, fiscal jefe del tribunal de LIAquila.

RECONSTRUCCION INACABADA Con el edificio de los juzgados en ruinas, a pesar de haber sido construido supuestamente con criterios antisísmicos, Rossini y los fiscales adjuntos han trabajado esta semana en una plaza pública. Sin ordenadores ni archivos, escribían a mano las primeras diligencias e incluso las actas de algunas denuncias por las que han tenido que solicitar procesos, que se han celebrado en tiendas de campaña o edificios provisionales.

Uno de los primeros escollos que encontrará la fiscalía serán las oficinas de catastro, donde están registradas las propiedades, licencias de obras o peritajes. A causa del terremoto, se encuentran totalmente en ruinas. Las fuerzas del orden que utiliza el tribunal investigan de día y de noche duermen en coches o tiendas de campaña. Las autoridades han prometido que la próxima semana contarán con unos locales provisionales para administrar la justicia.

De los siete terremotos mortales que se han producido en Italia desde 1968, solo en uno se ha completado totalmente la reconstrucción. Fue el de Friuli en 1976, con 15.000 edificios por reconstruir y 70.000 por reparar. En el de Belice, después de 40 años, 400 personas se encuentran todavía en viviendas provisionales. Sin embargo, el que fue definido como "el mayor escándalo europeo", fue el terremoto de Irpinia y Basilicata. Causó 2.375 muertos, destruyó 150.000 edificios y dejó a 280.000 personas sin casa. El Estado invirtió en la reconstrucción la friolera de 30.000 millones de euros. Según demostró una investigación parlamentaria, solo el 50% de los fondos fueron dedicados de forma efectiva a la reconstrucción, mientras que el 20% se los llevaron los políticos, otro 20% los 6.000 técnicos (arquitectos, aparejadores e ingenieros) y el resto del dinero acabó en manos de la Camorra, la peligrosa mafia originaria de Nápoles.

Es la misma que controla parte del territorio de la región de Campania fronteriza con la de los Abruzos. La investigación del Parlamento sobre Irpinia reveló, entre otras cosas, que los 339 pueblos y aldeas damnificadas acabaron siendo 687.