Más de dos meses después de la ola de violencia que sacudió a los suburbios franceses, el Gobierno de París adoptó ayer en Consejo de Ministros el controvertido proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades, que introduce la formación profesional desde los 14 años y medidas para fomentar el empleo entre los jóvenes de zonas marginales, al tiempo que crea "un contrato de responsabilidad paterna" que permite sancionar a los padres de menores conflictivos. Paralelamente, se procedió al nombramiento de seis prefectos (gobernadores civiles) especiales que representarán al Estado en las regiones con una fuerte densidad de población de origen inmigrante y son más conflictivas.
Estos prefectos estarán encargados de supervisar la aplicación de las medidas anunciadas en la ley sobre la "igualdad de oportunidades" y de luchar contra todo tipo de discriminación. Los nuevos prefectos estarán destinados principalmente en la región de la Costa Azul (sureste), la región Norte y la región de París.
MULTAS A EMPRESAS También se introducen los currículos anónimos, al igual que la capacidad de la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones (HALDE) para imponer multas de hasta 25.000 euros a empresas y de 5.000 euros a personas por discriminación racial. Los disturbios se iniciaron en octubre y se acrecentaron después de que el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, llamara "chusma" a los revoltosos de los suburbios.
Tras señalar que el proyecto completa los "esfuerzos ya realizados en la batalla por el empleo, el plan de cohesión social y la renovación urbana", el presidente francés, Jacques Chirac, dijo que ahora se trata de aplicarlo, y pidió "eficacia y cambios concretos". "Cuando la República avanza, ceden terreno los extremismos y la automarginación de los guetos", destacó el presidente ante el Consejo de Ministros, según dijo el portavoz del Gobierno francés.
