El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lelouche, han reafirmado hoy en Bruselas ante las comisarias de Justicia y de Interior, Viviane Reding y Cecilia Malmström, la plena legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno francés contra las campamentos ilegales de gitanos y las expulsiones del país de ciudadanos rumanos y búlgaros.
Ambos han rechazado con firmeza las críticas formuladas por la Comisión Europea y han insistido en que se limitan a aplicar el derecho comunitario y el francés.
Besson ha destacado que la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea (UE) deja de aplicarse cuando esas personas se dedican a tráficos ilegales, hurtos y generan un problema de seguridad pública.
Besson y Lelouche han subrayado que cada país debe resposabilizarse de la integración de sus propios ciudadanos y que un estado europeo no puede exportar a los demás países sus comunidades problemáticas, en una referencia clara a Rumanía. Besson ha recordado que en esos campamentos ilegales se explota a los bebés y niños para usarlos de reclamo en la mendicidad y que se utiliza a los menores para tráficos ilegales y hurtos.
