"El 75% de los trabajadores no se ha adherido a la huelga", ha asegurado el Gobierno argentino. El sindicalismo opositor considera en cambio que la tercera protesta contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, convocada para este jueves, ha tenido un seguimiento del 85% y amenaza con otras medidas de fuerza si no se atienden sus reivindicaciones de mejoras salariales y reducción del impuesto a las ganancias.

Los trenes no han funcionado, pero si los buses y el metro. Los principales accesos a la capital federal han sido bloqueados por piquetes formados por activistas de grupos de izquierda. Los bancos y buena parte de los bares no han abierto sus puertas. No ha habido actividad en los puertos y muy poca en los aeropuertos. Tampoco se ha recolectado la basura. Algunos sindicatos docentes se han sumado a la protesta. De acuerdo con el diario 'La Nación', la huelga se siente "con fuerza", en especial en la ciudad de Buenos Aires.

Para el jefe de Ministros, Jorge Capitanich , la protesta "es de naturaleza política" y está impulsada por "un grupo de dirigentes sindicales" que rompió sus lazos con el kirchnerismo, en particular el líder de los conductores de camiones y de la Confederación General del Trabajo (CGT-disidente), Hugo Moyano. Los otros protagonistas de la huelga general son Hugo Barrionuevo, jefe de otra facción sindical, y un sector de los empleados estatales. Capitanich instó a los sindicalitas a "que digan que no quieren pagar un impuesto a las ganancias".

Pablo Moyano, hijo, que, a instancias de su padre, maneja el sindicato de los conductores de camiones, ha afirmado que el Gobierno vive encerrado en una burbuja y no advierte cuál es la realidad. "La huelga ha sido masiva, pese a que el Gobierno hizo todo lo posible para desprestigiarla", ha señalado.

El detonador

El deterioro salarial, como consecuencia de una inflación incontenible, ha sido uno de los detonadores del malestar sindical. Pero algunos sectores estratégicos de la economía decidieron abstenerse de protestar. Ricardo Pignanelli, dirigente del sindicato de trabajadores Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), consideró un error llamar a huelga en un contexto recesivo. "Estoy peleando para que no se pierda el trabajo, ¿y voy a parar?", señaló.

La protesta tiene lugar en un momento en que el Gobierno mantiene una fuerte disputa en los tribunales de Nueva York con un grupo de fondos especulativos. El juez Thomas Griesa ordenó pagarles 1.300 millones de dólares antes de que se cumplan las obligaciones con el 92,3% de los acreedores con los cuales se pactó en 2005 y 2010 una restructuración de la deuda. El dinero remitido a esos acreedores (539 millones de dólares) está depositado Bank of New York (BoNY), pero Griesa ha frenado la cancelación en tiempo y forma. En virtud de este impedimento, algunas calificadoras consideraron que el país entró en suspensión de pagos, algo que Argentina niega.

El jefe de ministros acusó a los sindicalistas opositores de ser aliados objetivos de los llamados "fondos buitres". De hecho, la protesta fue apoyada por la American Task Force Argentina (ATFA), el mayor lobista de los fondos especulativos. De acuerdo con el diario 'Tiempo Argentino' semejante simpatía "torna innecesarias las palabras para explicar el más íntimo objetivo de la medida de fuerza: afectar al Gobierno nacional mientras mantiene su batalla política y económica más determinante en todos sus años de ejercicio del poder".