Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN quedaron al borde de la ruptura después de que la única guerrilla activa en Sudamérica perpetrara un ataque contra un oleoducto en el departamento de Casanere, 474 kilómetros al noreste de Bogotá, que le costó la vida a un operario de Ecopetrol y provocó además derrames de crudo. La esperada quinta ronda de conversaciones fue suspendida y hay pocas posibilidades de reactivarla. El presidente Juan Manuel Santos ordenó al jefe de su equipo negociador en Quito (Ecuador), Gustavo Bell, que vuelva de inmediato a Bogotá.

La acción armada tuvo el agravante político de realizarse al concluir el cese al fuego que habían pactado las partes. La ONU y la Iglesia Católica, que se había involucrado en este proceso de paz, había reclamado una extensión de la tregua. Según la revista Semana, la insurgencia evitó “comprometerse con el asunto” y, de esta manera, el avance de las conversaciones quedó frenado. Santos convocó además a la cúpula militar para analizar posibles medidas si se formaliza la ruptura. “Le reiteré a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional”, dijo. Y añadió: “Mi compromiso con la paz ha sido y será indeclinable. Pero a la paz se llega con voluntad y hechos concretos de paz, no solo con palabras”. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respaldó la decisión tomada por el mandatario. Lo ocurrido, dijo, “demuestra la pésima actitud que tiene el ELN para firmar la paz, aquí lo que toca es perseguirlos con la Fuerza Pública, sacarlos de sus madrigueras”.

101 días de alto el fuego

El cese al fuego había durado 101 días, entre el 1 de octubre y el 9 de enero. En ese lapso fue no obstante asesinado un gobernador indígena en Chocó. El ELN dijo primero que Alto Baudó tenía relaciones con la inteligencia militar. Luego pidió disculpas y habló de un “accidente”. Lo concreto es que Baudó cayó por un balazo en la espalda. Más tarde se conoció la muerte de 13 personas en Magüí Payán, departamento de Nariño, en completa indefensión.

De acuerdo con 'El Tiempo', el Gobierno había acumulado razones de peso para dar su giro político. De un lado, la constatación de que la guerrilla no ha abandonado al secuestro de civiles como fuente financiamiento. “Según informes de la Fuerza Pública, hoy hay al menos cuatro personas secuestradas por esa guerrilla”. Por otra parte, las autoridades aseguran que el ELN no ha parado actuar, como lo probó la tragedia en Nariño.

“Ese grupo no puede seguir escudándose en luchas territoriales para generar conflicto y afectar a la población civil, que en muchas ocasiones tiene que desplazarse”, señaló Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto. Pero, además, las autoridades han probado otras 37 violaciones del cese del fuego. “Los analistas señalan que a diferencia de lo que ocurrió con las FARC, el ELN no parece interesado en respetar la verificación”, añadió El Tiempo.

Pesimismo

Pero, además, busca implantarse en zonas abandonadas por la otra insurgencia después de que dejara las armas y se convirtiera en partido político. El comienzo de las negociaciones fue en su momento mirado con desconfianza por la opinión pública. Los últimos acontecimientos no hicieron más que profundizar el escepticismo.