El Gobierno francés aprobó ayer la prolongación del estado de urgencia durante tres meses, a partir del próximo día 21, "ante la gravedad y la extensión" de la violencia que sacude desde el 27 de octubre pasado los suburbios de varias ciudades del país. De esta forma, el Ejecutivo optó por mantener la política de mano dura, criticada por la oposición y diversas organizaciones, cuando parecía confirmarse la tendencia a la reducción de los actos de violencia.

Durante el encuentro ministerial, el presidente francés, Jacques Chirac, dejó claro que la prolongación de medidas como el toque de queda y la prohibición de reunirse, incluidas en la ley recuperada de 1955, será "estrictamente temporal" y que éstas se adoptarán como fórmula de "protección y de precaución".

Pero Chirac se reservó un as en la manga para su primera comparecencia oficial, en prime time nocturno televisivo, tras ser acusado de estar ausente durante la crisis. El presidente, que alertó en 1995 de la fractura social y en el 2002 de la preocupación ciudadana por la seguridad, hizo un diagnóstico sobre los motivos de la revuelta social, recurriendo a términos como justicia, racismo, igualdad de oportunidades y discriminación.

A la hora de ofrecer soluciones, se remitió a la voluntad política, en muchos casos en manos de alcaldes de su partido. Y, como propuesta propia, anunció la creación de un servicio civil voluntario "para mejorar la ayuda a los jóvenes con dificultades para encontrar un empleo".

IMPULSAR EL EMPLEO La medida, según tiene previsto el jefe del Estado, afectará a 50.000 jóvenes en el 2007. El presidente llamó a la "movilización" de los políticos, las familias, los agentes sociales --con los que se reunirá-- y los medios, a los que pedirá que reflejen mejor "la diversidad actual" del país.

El respeto a la justicia, la ley y los valores centraron la intervención presidencial al calor de la revuelta, que revela, según precisó, "una crisis de identidad y de referencias". Pero repitió que restablecer el orden es prioridad.

Así lo defenderá hoy su mayoría en la Asamblea Nacional, donde se debatirá el proyecto de ley para prolongar el estado de urgencia. El texto no tendrá problemas para ser aprobado, dado que la derecha es mayoritaria en la Cámara baja --también en la alta, donde se discutirá luego--, a pesar de que la oposición se expresó ayer en contra. El portavoz del Partido Socialista, Julien Dray, dijo que ahora no veía "por qué prolongar" las medidas y subrayó que "la ley de excepción no es un instrumento decisivo para recuperar la calma".

Para los comunistas, va contra "las libertades". El sindicato de la magistratura advirtió de que el estado de urgencia "pone en peligro la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como el respeto a la vida familiar y privada".

REGRESO A LA CALMA La polémica política siguió ayer paralela a la protesta de los suburbios, donde en la noche del pasado domingo --la 18 de disturbios-- ardieron un total de 284 coches (374 el día antes), 216 de ellos en las provincias. Alrededor de 120 localidades estuvieron salpicadas por los incidentes y 40 pasaron la noche bajo el toque de queda para los menores. El director general de la policía, Michel Gaudin, se despidió ayer de sus partes diarios de violencia con una constatación de los dos últimos días: "Regreso a la calma". Por si acaso, los 11.700 funcionarios y policías que se encuentran desplegados en las zonas conflictivas de los suburbios no se moverán.