Mediante el toque de queda, el Gobierno peruano restableció ayer el orden en Bagua, la región del norte del país sumida en el luto y la perplejidad tras una sangrienta y fallida rebelión de los nativos amazónicos contra unas leyes que abren el camino a las inversiones petroleras, mineras y forestales transnacionales. Pero la peor crisis que afronta el presidente Alan García desde su retorno al poder, en el 2006, está lejos de disiparse.
Según el último informe de las autoridades, en el foco del conflicto, a 1.400 kilómetros de Lima, murieron 23 policías y solo 11 civiles. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) habla, sin embargo, del fallecimiento de unos 40 indígenas y amenaza con denunciar al mandatario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Partido Nacionalista, de Ollanta Humala, pidió crear una comisión investigadora y el fujimorismo y el centroderecha han reclamado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Interior, Mercedes Cabanilla.
El país todavía no sale del estupor por los hechos que se desencadenaron el viernes y que, además de las víctimas mortales, habría dejado 150 heridos. "Es el día que nunca debió llegar. Hicimos todo lo posible para que no sucediera", se lamentó la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, que pidió "identificar a los responsables" de la tragedia.
El presidente peruano aseguró que hay un único culpable. Dijo que la democracia del país fue otra vez blanco de una "conspiración subversiva" y advirtió de que las fuerzas de seguridad volverán a actuar con "firmeza" si se presentan situaciones como las del bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry y la toma de la petrolera estatal.
El Gobierno insiste en que los policías fueron degollados con métodos que parecen inspirados en el terrorismo senderista. "Solo teníamos lanzas y flechas. Los policías deben haber muerto por el fuego cruzado de ellos mismos", replicó Incam Santiac, representante de la etnia Awarun, cerca de la frontera con Ecuador.
DOS MESES La Aidesep dice representar a unos 350.000 indígenas amazónicos. El conflicto comenzó hace dos meses cuando se aprobaron nueve leyes que calzan como anillo al dedo con el Tratado de Libre Comercio firmado con EEUU y que, según las comunidades originarias, afectan a sus intereses y al ecosistema. El defensor del pueblo consideró que esas normas son inconstitucionales porque los nativos no fueron consultados.
