El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, obtuvo luz verde para desplegar tropas del Ejército contra un grupo armado que tiene en vilo el norte del país, tras la aprobación hoy en el Congreso del estado de excepción por 30 días en esa zona. Si bien la medida regirá en cinco provincias del centro y norte del país, Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, la persecución se centrará en la primera, en cuyas regiones boscosas el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de izquierda, se hizo fuerte en los últimos años.

El titular del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, dijo que el jefe de Estado ha recibido "las herramientas" para "neutralizar al EPP, que tanto daño está causando" en el norte del país, en donde, según el legislador, "hay temor, la gente no sabe quien va a ser la próxima víctima". El Gobierno, que ha puesto precio a la captura de los cabecillas, responsabiliza a ese grupo de cuatro casos de secuestro perpetrados en los últimos diez años que seguían tácticas de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El EPP, una escisión del extraparlamentario Partido Patria Libre (PPL) también está acusado de asesinatos de policías, militares civiles, así como de ataques a haciendas ganaderas y agrícolas en San Pedro (centro) y Concepción, noreste, en la frontera con Brasil, al amparo de un casi nulo control en una extensa región donde además proliferan cultivos de marihuana. La muerte de un policía, dos peones y un guardia en una emboscada registrada el miércoles último en una finca de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción, obligó a Lugo a pedir el estado de excepción el día siguiente.

Uno de los fiscales que llegaron al lugar consideró el hecho como una masacre al señalar que el agente y los empleados de la hacienda, que se habían internado en la selva detrás de posibles ladrones de ganado, fueron ametrallados por los atacantes. Tres peones que sobrevivieron al ataque rehusaron a hablar con periodistas desplazados allí ante el temor que hay en esa zona, en la que la Policía halló tres campamentos, con un panel solar, enseres abandonados, lubricantes para armas, así como un área para prácticas de tiro. Según los investigadores, en una de las chozas fue mantenido Luis Lindstron, un conocido ganadero de San Pedro, que fue secuestrado el 31 de agosto de 2008 y liberado tras 43 días de cautiverio y el pago de un rescate de 300.000 dólares.

Familiares de Lindstron habían denunciado que fueron obligados a "devolver" a los secuestradores los cerca de 30.000 dólares que la Fiscalía halló en un campamento abandonado presurosamente por sus ocupantes durante la persecución emprendida en su día. La Policía, apoyada por un contingente militar, realizó en febrero pasado una búsqueda infructuosa en Concepción tras la liberación de otro ganadero, Fidel Zavala, que estuvo 94 días en manos de sus captores y luego del pago de 550.000 dólares.

El EPP también está acusado del secuestro y asesinato, en 2005, de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas (1998-1999), pese al pago de 300.000 dólares, y del de Edith de Debernardi, esposa de acaudalado empresario, en 2001. El estado de excepción, una herramienta empleada con frecuencia durante la pasada dictadura, no fue bien recibido por organizaciones sociales y en el propio Congreso, de mayoría opositora, en el que los detractores de Lugo cuestionaron su aplicación.

Su declaración "es la demostración de que la democracia representativa no sirve, eso es lo que Lugo tratando de demostrar, que la democracia burguesa, como dicen ellos, no sirve para frenar la inseguridad", afirmó el ex presidente Nicanor Duarte. El antecesor de Lugo, cuyo partido perdió hace dos años ante el ex obispo una hegemonía de 61 años en el poder, expresó además su extrañeza por una medida extrema para perseguir "a quince o veinte tipos" en los montes como si hubiera "un rebasamiento de las fuerzas policiales".