La crisis política boliviana se agudizó ayer, en medio de una huelga general, cortes de carreteras por parte de los campesinos, saqueos a comercios, incendios a sedes oficiales, informaciones no confirmadas de nuevas víctimas entre los manifestantes y rumores de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En una apretada carrera contrarreloj, el Gobierno llegó en la madrugada de ayer a un acuerdo con los policías de baja graduación que puso fin a su motín y a los sangrientos incidentes del miércoles.
El choque entre suboficiales y fuerzas del Ejército provocó 17 muertos y casi un centenar de heridos. El sindicato policial consideró que la protesta logró sus objetivos, después que Sánchez de Lozada retiró del Congreso el proyecto de ley que recortaba los salarios.
Una de las claves de los recientes incidentes, señalaron analistas, están en los compromisos a los que Bolivia llegó recientemente con el Fondo Monetario Internacional, según los cuales el Gobierno se comprometió a reducir su déficit fiscal del 8,5% al 5% del PIB. La primera medida que tomó el presidente fue el aumento de los impuestos.
