Nueve personas condenadas por asesinato, entre ellas una mujer, han sido colgadas en una prisión de Teherán, según ha informado la agencia de noticias Faros. Las autoridades de Irán tenían previsto ejecutar el miércoles a diez presos, pero uno de ellos fue devuelto a su celda porque la familia no estaba presente para la ejecución. En virtud de la ley islámica que impera en el país, los parientes de un difunto pueden perdonar al asesino a cambio de una compensación financiera.
Delitos como el asesinato, el adulterio, la violación, el robo a mano armada, la apostasía y el tráfico de drogas son susceptibles de la pena capital en Irán, donde se aplica la sharia o ley islámica desde la Revolución Islámica de 1979. En la lista confeccionada por Amnistía Internacional, Irán es el segundo país que ha efectuado más ejecuciones, por detrás de China. Irán ejecutó a 317 personas en el 2007, según la organización humanitaria internacional.
Otro atropello de los derechos humanos en Irán tuvo lugar el domingo, cuando la policía cerró la sede del Centro para la Protección de los Derechos Humanos, liderado por la premio Nobel de la Paz Sherin Ebadi. La actuación tuvo lugar poco antes del acto por el 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. El Gobierno de EEUU condenó el miércoles el cierre e instó a Irán a permitir que esta y otras agrupaciones de la sociedad civil operen "libres de opresión".
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, expresó la preocupación de EEUU por la detención de los médicos Arash Alaei y Kamiar Alaei, arrestados hace seis meses de manera "arbitraria".
