La bolsa de Estambul se recuperó algo de las pérdidas de días precedentes, aunque los inversores miraban inquietos los acontecimientos. En los mentideros políticos de Ankara se hablaba ya de fundar una nueva formación política en la que se integrarían los parlamentarios del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en caso de que este sea disuelto. Las espadas estaban ayer en alto en Turquía durante la trascendental jornada en la que dos importantes dirigentes del gubernamental PJD se defendían ante el Tribunal Constitucional de la acusación presentada en marzo de hacer peligrar los cimientos laicos en los que se basa el Estado turco moderno.

Cemil Cicek, viceprimer ministro y portavoz del Gobierno, flanqueado por Bekir Bozdag, alto mandatario del PJD, fueron los encargados de detallar el alegato de defensa enviado previamente a los 11 jueces del tribunal. El martes fue el fiscal, Abdurrahmán Yalçinkaya, el que presentó su requisitoria oral ante el mismo tribunal, requisitoria en la que repitió su exigencia de que el PJD sea disuelto, acusándole de pretender "instaurar un nuevo orden basado en la ley islámica".

Además, Yalçinkaya exigió que 71 miembros del PJD, entre los que se encuentran el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Estado, Abdulá Gül, sean vetados en cualquier formación durante cinco años.

GOLPE DE ESTADO Tras la vista oral, se fijará un calendario para las deliberaciones y para el anuncio del veredicto. El PJD asegura ser respetuoso con los principios de la Turquía moderna y recuerda su balance tras seis años en el poder, sembrado de éxitos económicos.

Por otra parte, el periódico turco progubernamental Sabah informó de que la policía ha incautado documentos que indican que un grupo ilegal ultranacionalista, conocido como Ergenekon , planeaba realizar un golpe de Estado para derrocar al Gobierno.