Mientras sigue engrosando el número de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que acusan a Israel de cometer crímenes de guerra durante su ofensiva en Gaza, el Gobierno hebreo ha sentado las bases para tratar de blindar a sus políticos y militares ante las posibles demandas internacionales. Entre las medidas adoptadas, el Ejecutivo les ha recomendado que se abstengan de viajar a varios países europeos donde podrían enfrentarse a órdenes de arresto. En la lista de estados reseñada aparecen España, el Reino Unido, Francia, Bélgica y los países nórdicos.
Tras la reunión el pasado domingo del Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Ehud Olmert encargó al ministro de Justicia, Daniel Friedman, la creación de un departamento especial encargado de lidiar con los casos que puedan presentarse. De momento, hasta que se despeje el horizonte, se ha pedido a los mandos militares que no salgan de Israel. Más adelante deberán consultar sus desplazamientos con la asesoría jurídica para asegurarse de que no existen demandas contra ellos en el país al que se dirigen.
Les esperan meses difíciles. Los bombardeos de hospitales, escuelas, la matanza de familias, el uso de armas ilícitas sobre civiles o de escudos humanos durante los 22 días de ofensiva no han pasado inadvertidos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU la apertura de una comisión para investigar los posibles crímenes de guerra.
PETICION Oenegés palestinas recogen pruebas de los crímenes y, en Israel, organizaciones de derechos humanos como B´tselem han pedido al fiscal general una investigación sobre las violaciones de la ley internacional.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) no tiene jurisdicción para juzgar a los hebreos porque Israel no la ha ratificado. Pero sí España, que ha aceptado la jurisdicción internacional de sus tribunales en temas relacionados con crímenes de guerra, incluso cuando no tengan relación con delitos contra sus ciudadanos.
