El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, que ayer dijo que había captado "las inquietudes y la impaciencia" expresada por los franceses en las elecciones regionales del 28 de marzo, optó por "mantener el rumbo de las reformas justas" con ciertas concesiones para una "mayor justicia social".

La declaración de Raffarin, sometida a la Asamblea Nacional, recibió el voto de confianza de la mayoría gubernamental y el rechazo masivo de la izquierda parlamentaria, que pone en cuestión su voluntad de cambio y denuncia la persistencia de una política ultraliberal.

Una semana después de la debacle de la mayoría de derechas y tras verse confirmado en su puesto con un nuevo Gobierno, Raffarin compareció ante el Parlamento para presentar una línea política basada en la continuidad y algunas concesiones, dictadas por el presidente, Jacques Chirac, para los problemas más espinosos.

Según dijo, el 28 de marzo, los franceses "expresaron su voluntad de justicia y exigencia de eficacia". "Ha habido errores y lentitudes que serán corregidos", declaró el primer ministro francés, que insistió, sin embargo, en la necesidad de "seguir trabajando".

Obligado por la intervención televisiva de Chirac --que se comprometió a suspender ciertas reformas--, anunció una subida del salario mínimo del 3,7% para el 1 de julio y otra para el 2005. Sobre los conflictos sociales, como por ejemplo las demandas de los científicos, el primer ministro prometió una solución rápida para el problema de los empleos. Para los artistas --que el año pasado obligaron a anular varios festivales por la reforma de su tipo de contrato-- anunció que el nuevo ministro de Cultura, Renaud Donnedieu de Fabre, "abrirá un nuevo diálogo".

SEGUIR EL CAMBIO Pero también insistió en la necesidad de "continuar las reformas" y especialmente la explosiva del seguro de enfermedad, que será debatida en la Asamblea este verano. Según él, "todos saben" que "en los grandes movimientos del mundo, el inmovilismo sería el más seguro aliado del declive económico y del retroceso social". Por lo que hay que ir más lejos y "acelerar" sobre todo las privatizaciones que pasan por "la evolución jurídica" de los estatutos de las empresas estatales, como la eléctrica EDF y la gasística GDF, para "asegurar" su futuro inmediato.