Un juez federal propinó el último y más embarazoso golpe al presidente de EEUU, George Bush, por autorizar el espionaje de ciudadanos dentro de EEUU sin permiso judicial previo. El magistrado James Robertson, miembro del tribunal que autoriza ese tipo de vigilancia, dimitió como protesta por la acción del presidente, según reveló ayer The Washington Post .

"Yo no sé cuál ha sido la razón de su cese", se apresuró a declarar el fiscal general, Alberto González. Robertson envió el lunes al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, la carta de renuncia a su puesto en el Tribunal de Vigilancia de Espionaje Extranjero (FIMA, en las siglas en inglés) sin explicar el motivo.

Sin embargo, dos fuentes citadas por el rotativo hicieron pública la preocupación del magistrado ante la autorización dada en el 2002 por el presidente Bush a la Agencia de Seguridad Nacional para espiar sin mandamiento judicial previo. Robertson temía ser utilizado por los espías, quienes, tras lograr información por métodos ilegales, acudirían a su tribunal para blanquear los datos y otorgarle la legitimidad necesaria para convertirse en pruebas.

AUPADO POR REHNQUIST El liberal Robertson era uno de los 11 miembros del FIMA, puesto para el que fue nombrado en 1994 por el presidente del Supremo, el difunto William Rehnquist, tras ser elevado al circuito de jueces federales por Bill Clinton. A menudo rechazó los intentos de la Casa Blanca para aumentar los poderes del Gobierno en la lucha antiterrorista, como es el programa secreto de espionaje al margen de los tribunales.

Este espionaje, diseñado para vigilar las comunicaciones por internet y telefónicas con el extranjero de personas dentro de EEUU, también interceptó llamadas de este tipo pero nacionales, aunque fue por un error en los sofisticados medios electrónicos de escucha de que dispone la Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo satélites, según explicó ayer The New York Times .

SOLO INFORMES ORALES El rotativo neoyorquino, que reveló este espionaje la semana pasada, cuestionó ayer las afirmaciones de Bush, sobre que mantuvo informado al Congreso de que ese espionaje se estaba llevando a cabo. La Casa Blanca estaba obligada a presentar informes escritos sobre esta vigilancia al legislativo, pero sólo los presentó orales y apenas a 14 congresistas. Fue el vicepresidente, Richard Cheney, quien dirigió estas sesiones informativas, celebradas a puerta cerrada y sin tomar notas para evitar filtraciones.

Algunos de los informados se escamaron al enterarse de este espionaje. "Yo hice llegar mis preocupaciones al vicepresidente y a otros que también fueron informados", explicó al Post el senador John Rockefeller. Y añadió que "la Casa Blanca nunca respondió" a sus preocupaciones.