Cumplir la ley no siempre equivale a hacer justicia. Ayer, rabia e indignación se extendían por Irak conforme se propagaba la noticia de que un juez estadounidense desestimó el jueves los cargos de homicidio contra cinco mercenarios de Blackwater, la agencia privada de seguridad estadounidense --rebautizada como XE Services--, por la matanza indiscriminada de civiles que en septiembre del 2007 dejó una plaza de Bagdad regada con la sangre de 17 muertos y 27 heridos, todos desarmados.
Ricardo Urbina, juez federal de distrito en Washington, se apegó a la letra de la ley para tomar la polémica decisión. Su argumento es que el Departamento de Justicia, a la hora de construir su caso contra los mercenarios, se basó en testimonios jurados que estos habían realizado tras aquel episodio bajo la promesa de recibir inmunidad. El Gobierno no ha anunciado aún si recurrirá la decisión.
El varapalo al Departamento de Justicia es duro. Más aún lo es el golpe moral a supervivientes y familiares de las víctimas de aquel ataque, que incendió el antiamericanismo en Irak y en EEUU puso en cuestión la dependencia cada vez mayor de contratistas privados en las guerras.
La inmunidad de Blackwater ante las autoridades iraquís puso en manos estadounidenses la investigación. El juez Urbina ha acusado al Gobierno de dar explicaciones "contradictorias" y de construir su caso sobre esas declaraciones realizadas bajo promesa de inmunidad.
A través de un comunicado, el Gobierno del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, lamentó la decisión judicial.
INVESTIGACION EN LONDRES Por otra parte, el Ministerio británico de Defensa investiga los supuestos malos tratos cometidos por una unidad militar secreta, según el diario The Independent. Esta aplicó supuestamente métodos ilegales en los interrogatorios y torturó a prisioneros durante su estancia en Irak.
