El juez Santiago Pedraz reactivó ayer la orden de detención internacional que dictó en octubre del 2005 contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Tele 5 José Couso en Bagdag (Irak) en mayo del 2003.

El magistrado tomó esa decisión tras ganar una dura batalla legal en la Audiencia Nacional contra la fiscalía y sus superiores. El Supremo apoyó su tesis el pasado diciembre cuando anuló, a petición de la viuda y de la hermana del cámara, la decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que, en marzo del 2006, dejó sin efecto esa medida a petición del fiscal Pedro Rubira.

DELITO A LA COMUNIDAD Pedraz ordenó la detención de los militares por considerar que la muerte de Couso era un delito contra la comunidad internacional y un asesinato, ya que su vida estaba protegida por la Convención de Ginebra. Por ello, reclamó la detención del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, a efectos de su eventual extradición.

Sin embargo, sus superiores revocaron esa medida, pese a que el Tribunal Constitucional ya había abierto las puertas, en octubre del 2005, para que la justicia española investigara ese tipo de delitos. Los magistrados de la Audiencia Nacional decidieron que la muerte de Couso no fue "un acto intencional doloso", sino un "acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado", porque "la intervención de las comunicaciones iraquís" puso en alerta al Ejército americano de que en el Hotel Palestina donde se alojaba la prensa internacional existía una unidad iraquí" que hostigaba a las tropas que ocupaban la capital.

Por ello, el mando estadounidense ordenó a las unidades blindadas atacar el edificio, lo que provocó la muerte del cámara de Tele 5 y del fotógrafo ucraniano de la agencia Reuters Taras Protsyuk. Los militares han admitido, en entrevistas, su responsabilidad en esa acción.

Las autoridades norteamericanas han puesto todo tipo de trabas. Pero el Supremo ha admitido que la muerte de Couso fue un homicidio doloso, cometido en tiempo de guerra contra una persona protegida.

RESPONSABILIDADES La viuda y la hermana del cámara José Couso han pedido al magistrado el embargo de los bienes de la Administración norteamericana para hacer frente a la responsabilidad civil de los militares imputados. El magistrado, antes de acordar esta medida, ha pedido un informe al fiscal.